El Gobierno se vuelve a enfrentar a su socio y al PNV por la política laboral
Los partidos discrepan por la integración en Lanbide de la plantilla de Hobetuz
Las políticas activas de empleo, que Euskadi gestiona desde el pasado 1 de enero, se han convertido en una fuente de conflictos entre el Departamento de Empleo y todos los partidos, menos el PSE. A la larga polémica entre el Gobierno y el PNV por más de un año de negociación de la transferencia, ligada a los acuerdos presupuestarios en el Congreso entre el PNV y el Ejecutivo central, se sumó después la que mantuvo la consejera, Gemma Zabaleta, con el resto de agentes, empezando por el propio socio preferente del Gobierno, el PP, por la forma jurídica de Lanbide.
Hobetuz va a ser ahora el siguiente foco de conflicto. La Fundación para la Formación Continua, un organismo privado que cuenta con 20 trabajadores en su plantilla, se interpone en la intención del Ejecutivo de centralizar en Lanbide todas las políticas activas de empleo. Hobetuz no solo gestiona políticas activas de empleo para los trabajadores con contrato que quieren mejorar su preparación, sino que además su presupuesto ha de ser aprobado por el Consejo de Administración de Lanbide.
El PP rechaza meter por ley en el sector público a empleados de fundaciones
Aunque la mayoría de los agentes coinciden en que debiera de producirse esa integración, los problemas comienzan a la hora de definir cómo hacerlo. Empleo cree que Lanbide debería ser la plataforma adecuada para incluir Hobetuz porque mejoraría las ratios de eficiencia de una fundación que en la actualidad tiene poco juego, con dos sindicatos -ELA y LAB- fuera de ella desde noviembre de 2007. Además, ello rebajaría los costes de funcionamiento. El problema es que ni el PP, de nuevo, ni el PNV se muestran de acuerdo con las opciones que les ofrece la consejería para hacer esa integración.
Empleo hizo su primer intento para resolver este asunto el pasado mes de octubre, por medio de una disposición introducida en los presupuestos para 2011 que resolvía el problema con una integración directa de los 20 trabajadores de Hobetuz en la plantilla de Lanbide, después de un acuerdo de la mayoría de sus patronos para su disolución.
"Eso lo rechazamos en su día. No se puede hacer", asegura el responsable del PP vasco en materia económica, Antón Damborenea. "No se puede meter por ley en el sector público a los trabajadores de fundaciones o asociaciones privadas", añade. Para el PP, habría que formular una Oferta Pública de Empleo (OPE) y, en todo caso, puntuar de manera especial a quienes trabajan en Hobetuz. "Pero tiene que haber igualdad de oportunidades para otros perfiles", recalca Damborenea. El PP sospecha que Zabaleta intentará dar carpetazo a esta polémica sobre Hobetuz en la futura ley de Empleo. "En ese caso y si se plantea de la misma manera volveremos a oponernos", subraya el parlamentario popular.
El PNV aprecia problemas adicionales a los meramente laborales para integrar Hobetuz en Lanbide. "La fundación tiene tres patronos que, a su vez, se subdividen. El Gobierno y Confebask son dos de ellos, pero entre los sindicatos están CC OO y UGT y, por otra parte, ELA y LAB. Hay que ir al origen", apunta el parlamentario peneuvista Ricardo Gatzagaetxebarria. "Primero tendría que producirse la disolución, y tienen que hablar todos y cada uno de los agentes. A partir de ahí ya veríamos que se hace con todo lo demás", apostilla. El PNV también rechaza la absorción de Hobetuz por una disposición presupuestaria.
El Consejo de Administración de Lanbide no va a paralizar la acción formativa de Hobetuz y aprobará en breve el presupuesto para que pueda seguir ofreciendo cursos. El presupuesto podría quedarse en unos 25 millones de euros frente a los 30 millones de 2009.
Polémica fundación
Hobetuz supuso un problema cuando Euskladi no gestionaba las políticas activas de empleo y promete seguir siéndolo una temporada más, cuando ya se encuentran transferidas. Desde 1996, año en el que nació la Fundación Hobetuz, las cosas sólo fueron bien mientras el matrimonio entre el PNV de Xabier Arzalluz y el PP de José María Aznar funcionó hasta el divorcio político que llegó con el pacto de Lizarra.
A partir de ahí todo han sido continuos enfrentamientos en torno a la fundación: de los sindicatos entre sí, entre las centrales y el Gobierno y vasco y entre los dos Ejecutivos, el autónomo y el central.
En 2.000 las cosas cambiaron a peor. Si hasta entonces se discutía por dinero, desde este año tomó protagonismo el modelo. Dos sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas con Galicia y Cataluña fijaron que la competencia de las políticas activas era autonómica. Pero la Euskadi nacionalista no quería las políticas activas sin las pasivas. Y el problema se mantuvo otra década hasta la llegada de los socialistas al Gobierno vasco. Y ha sido el PNV quien la ha negociado con Madrid.
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