Deberes (fiscales) cumplidos

Los datos más esperados de la pasada semana eran los de la ejecución presupuestaria del Estado de diciembre y el avance del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas durante 2010, información clave en esta coyuntura de crisis de la deuda soberana para ver si el Gobierno (en sentido amplio, es decir, incluyendo todos los niveles político-administrativos) está o no cumpliendo con los objetivos marcados en mayo del pasado año y, por tanto, si los ciudadanos y los inversores que están financiando nuestras deudas podemos confiar en él o no. En este sentido, podemos constatar que el conjunto del sector ha cumplido con sus deberes: el objetivo era cerrar el ejercicio con un déficit del 9,3% del PIB, y la cifra final, aunque provisional, ha sido del 9,24%. Aún nos han regalado, pues, unas centésimas del PIB de propina.

La Seguridad Social y las comunidades autónomas han rebasado la meta de ajuste prevista

El componente estructural del déficit ha tenido un saneamiento muy importante en un solo año

Bien es cierto que no todos han cumplido. Las comunidades autónomas registraron un déficit del 3,4% del PIB, 0,3 puntos porcentuales (pp) más de lo acordado. El déficit de las corporaciones locales fue del 0,6, igual al previsto, aunque habrá que esperar a tener datos más definitivos para comprobar que esto haya sido así. Las administraciones de Seguridad Social acabaron con un déficit del 0,2% del PIB, frente al superávit previsto del 0,2%, si bien este déficit proviene principalmente del sistema de prestaciones por desempleo, cuyas transferencias por parte del Estado han sido insuficientes para cuadrar las cuentas. Si el Estado hubiese transferido lo necesario, la Seguridad Social hubiera cumplido sus previsiones. Las desviaciones de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social fueron compensadas por el Estado, cuyo déficit del 5% del PIB quedó nueve décimas por debajo del previsto.

Como se ve en el gráfico superior izquierdo, el déficit total se redujo en 1,9 pp del PIB respecto al de 2009. El 55% de esta disminución procedió del aumento de los ingresos, y el 45% restante, de la disminución de los gastos.

Los ingresos aumentaron un 3,9%, unos 3 pp por encima del crecimiento del PIB nominal. Esta recuperación se debe fundamentalmente a la de los ingresos por IVA, con un crecimiento superior al 40%, y, en menor medida, al IRPF. En el primer caso se produjo una "normalización" de la recaudación tras dos años anteriores en los que, por medidas diversas en la gestión del impuesto, la misma había sido bastante inferior a la que se deduciría de la evolución de las bases imponibles. En menor medida, también contribuyó al aumento de la recaudación del IVA la subida de los tipos impositivos en julio. Por lo que respecta al IRPF, su crecimiento fue notablemente superior al de la renta de las familias, lo que se debió a la eliminación de la deducción de los 400 euros introducida en 2008, a la subida del tipo de las rentas del capital y a la no deflactación de la tarifa con la inflación. Aun con el aumento de 2010, los ingresos públicos quedaron 5,4 pp del PIB por debajo de los de 2007.

Por el lado de los gastos, se produjeron recortes en los costes del personal (bajada de los sueldos de los funcionarios de un 5% a partir de junio), en los consumos intermedios (compras de bienes y servicios) y, sobre todo, en los gastos de capital, que se redujeron casi un punto del PIB. En cambio, aumentaron notablemente los gastos en intereses de la deuda y prestaciones sociales, tanto pensiones como prestaciones por desempleo.

Desde el punto de vista económico, la reducción del déficit público supuso una actuación restrictiva importante sobre la economía. Pensemos que, con una caída del PIB de un 0,1%, el efecto de los estabilizadores automáticos hubiera aumentado el déficit en 1,3 pp del PIB, a lo que hay que añadir otros 0,2 pp por el aumento de los intereses. Es decir, sin tomar medidas, el déficit se hubiera ido al 12,6%, 3,4 pp del PIB por encima del observado. En esta cifra ha disminuido aproximadamente el componente estructural del mismo, lo que supone un saneamiento muy importante en un solo año [gráfico superior derecho]. Aunque a corto plazo esta restricción fiscal ha supuesto algunas décimas de menor crecimiento de la economía, a medio y largo plazo sus efectos serán muy positivos. Por encima de todo ello, si no hay quien nos financie el déficit, pues no hay más remedio que eliminarlo.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).