Tarifas del agua: intereses, pasiones y razones

Recientemente se ha levantado cierta polémica sobre las tarifas del agua en algunos municipios que aplican cuotas fijas distintas para residentes y no residentes. Llevo años estudiando el asunto e intervine como mediador entre la Entidad Metropolitana y la Confav para encontrar una salida a la guerra del agua en el área de Barcelona (1991-2001). También presidí la comisión técnica de Políticas de Ahorro de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Sé con qué facilidad la falta de información suele mezclarse con intereses o pasiones sobre agravios comparativos, algunas veces supuestos y otras muy reales. Esta vez, sin embargo, me ha llamado la atención con qué rapidez se ha montado tamaña tormenta en un vaso de agua.

Lo injusto es cobrar lo mismo cuando las irregulares demandas de los no residentes exigen unos elevados costes fijos

Soy copropietario de una vivienda en Barcelona y de otra en Figaró. Este mes he pagado 65,49 euros a Aguas de Barcelona por un consumo trimestral de 28 metros cúbicos con una tarifa tipo C, la más común. Sin contar impuestos que no van al proveedor, el agua de Barcelona me cuesta un euro el metro cúbico. Ese precio es resultado de una cuota fija de 14,97 euros, un primer tramo hasta 27 metros cúbicos al mes de 0,4552 euros el metro cúbico y un segundo de 0,9106 euros para consumos superiores. En Figaró el servicio público del Congiac cobra el primer tramo a 0,3940 euros el metro cúbico y el segundo a 0,8225, un 13%-10% menos. ¿Cuánto cuesta a los no residentes la tan discutida cuota diferencial? Pues 13,95 euros trimestrales para el mismo tipo C, un 7% menos de lo que Agbar cobra a más del 80% de los catalanes. Los residentes pagan una cuota de 6,98 euros, pero eso no significa doblar el precio del agua para los demás como se ha dicho. Para 28 metros cúbicos trimestrales, el precio final por metro cúbico es de un euro en Barcelona, 0,9 para los no residentes y 0,7 para los residentes en Figaró. ¿Por qué considerar injustas unas diferencias y no otras? ¿Por qué hay municipios que quieren cobrar más a los no residentes?

Las protestas por agravio comparativo están acallando la cuestión principal. A poco que uno indague la cuestión, salta a la vista que lo injusto es cobrar tasas indiferenciadas cuando las irregulares demandas de la población no residente exigen unos elevados costes fijos que repercuten desproporcionadamente sobre los residentes. Muchos estudios sobre servicios públicos constatan esas subvenciones cruzadas. El problema se agudiza si se buscan tarifas más justas y estimuladoras del ahorro, a la vez que se aplica la recuperación íntegra de costes prescrita por la directiva marco de la UE. Es decir, cuando se busca aunar eficiencia económica con equidad social y sostenibilidad ambiental. Municipios como Figaró, que en 2007 recibió el premio de medio ambiente de la Diputación de Barcelona por su ejemplar gestión del agua, se han enfrentado a ese dilema: cuanto más se protegen los consumos básicos con tarifas asequibles, más hay que gravar de forma progresiva gastos menos básicos o situaciones de privilegio. Cobrar todo por igual, o suavizar diferencias, desincentiva el ahorro y esconde bajo la alfombra situaciones injustas. El informe del Síndic de Greuges lo reconoce y simpatiza con las intenciones de Figaró, pero se ve obligado a urgirle a que adecue su tarifa a la jurisprudencia contraria del Tribunal Supremo. Es decir, tenemos un problema político que deberá resolverse legislativamente. El Ayuntamiento de Figaró y el Síndi de Greuges han decidido trabajar conjuntamente en esta dirección.

En la foto de Figaró que acompañaba la noticia de EL PAÍS aparece una piscina. Me consta que sus propietarios han mantenido el agua durante cinco años y en el sexto tuvieron que vaciarla para repintar el fondo. También me consta que otros propietarios siguen llenando sus piscinas cada temporada. Lo que necesitamos son tarifas justas que protejan los consumos vitales a la vez que incentivan el ahorro penalizando el derroche. No es fácil, pero tampoco imposible. Se requiere mucha transparencia y una deliberación social que permita alcanzar consensos basados en los principios de justicia, progresividad y ahorro. Todos saldremos ganando con un debate sereno que ayude a sacar a la luz cosas como estas.

Enric Tello es catedrático de la Facultad de Economía y Empresa de la UB.