Fianza de 300.000 euros para una exportavoz de UM en Palma
Está imputada por pagar a militantes con dinero público
La abogada Cristina Cerdó, exlíder de Unió Mallorquina (UM) en Palma y teniente de alcalde entre julio de 2007 y febrero de 2010 -fecha en la que dejó el Ayuntamiento-, tendrá que depositar antes de que termine el día de hoy 300.000 euros de fianza personal para evitar entrar en prisión. La orden la dictó en la madrugada de ayer el juez Francisco J. Pérez tras las primeras declaraciones de los detenidos e imputados en el caso Picnic.
El nuevo escándalo, que implica a ex altos cargos públicos de UM, se centra en una supuesta trama de captación de militantes y votantes a través de agentes partidistas pagados con dinero del Ayuntamiento de Palma. Los cuatro primeros candidatos de UM en 2007 para el consistorio están imputados por supuesta corrupción. Los dos ediles elegidos dieron la alcaldía a Aina Calvo (PSOE), que les expulsó del gobierno municipal en 2010. El PP aprovechó para negociar con UM una moción de censura.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán reclaman a los representantes de UM una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones para reparar el posible quebranto a las arcas de Palma. Cristina Cerdó controló la empresa pública de aguas y basuras, Emaya. Cerdó pasó más de 24 horas en los calabozos y su segunda en Medio Ambiente, Paula Cortés, estuvo tres días en la comisaria y 20 horas en los juzgados. Cortés afronta una fianza de 100.000 euros y el exconsejero de Deportes Mateu Cañellas ha quedado imputado sin fianza.
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