Contrato con los electores

Vamos de cabeza a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, cuyo decreto de convocatoria deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado a más tardar el 29 de marzo. El plazo para insertar las candidaturas contendientes llega hasta el 18 de abril y la campaña propiamente dicha se circunscribe a los 15 días de vísperas, a contar desde el 9 de mayo. Antes se habrá despejado o no por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo la solicitud de inscripción de Sortu, la nueva formación de la izquierda abertzale, en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Pero todos estos plazos formales para nada afectan a la climatología electoral en cuyo ciclo estamos de lleno inmersos.

Todos debemos pedir cuentas y rendirlas, sin que nadie tenga que sentirse ofendido

Así lo prueban las convenciones de candidatos de las diferentes fuerzas políticas que se vienen sucediendo desde hace varios fines de semana. Para examinar este proceder conviene recordar la definición del artículo 5º de la Constitución a tenor de la cual "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Enseguida el citado artículo añade que "su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley" y precisa que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". El déficit democrático de los partidos requeriría un examen detallado pero será imposible ponerle coto si el texto constitucional queda reducido a un desiderátum cuyo incumplimiento carece de consecuencias.

En todo caso, está comprobado que la proximidad de las elecciones produce efectos catalizadores capaces de desencadenar y acelerar reacciones que se paralizan o ralentizan cuando las urnas están distantes. A partir de ahí se configuran dos escuelas de pensamiento. La primera, a la vista de esas aceleraciones, sostiene que debería haber elecciones con la mayor frecuencia posible, mejor con carácter semestral que anual. Sus adictos estiman que, bajo los estímulos de esa inminencia de los comicios, desaparecería la tentación de la siesta yacente, a la que tantas veces propenden los electos, una vez pasado el difícil trago de la noche del escrutinio. La segunda, considera que las campañas electorales fomentan el populismo y la demagogia y simplifican los mensajes de las fuerzas políticas que compiten, de modo que se prefiere el chafarrinón impresionista a la precisión del trazo bien cuidado.

Del todo por la patria se pasa al todo por el impacto, desde el convencimiento de que el bien más escaso es el de la atención del público elector. De modo que quienes se encuadran en esta segunda escuela tienden a subrayar los peligros y las perversidades degradantes de la vida política que generan las elecciones y se inclinan por espaciarlas. Argumentan también, los encuadrados en esta segunda escuela, con la conveniencia de que el tiempo que transcurre entre dos convocatorias sucesivas permita evaluar el cumplimiento de tareas que se miden en años de esfuerzos serenos, ajenos a la epilepsia disruptiva generada por las campañas electorales.

Por muchas que sean sus diferencias, ambas escuelas de pensamiento coinciden en que el momento electoral es el de la rendición de cuentas, la formulación de ofertas y la presentación de equipos. Así sucedió cuando en una convención de candidatos a las elecciones municipales y autonómicas previas a la victoria de 1996, el presidente del PP, José María Aznar, lanzó la propuesta del contrato con los electores. Qué bien sonaban, me parece recordar que en la plaza de toros de Zaragoza, aquellas definiciones donde el PP se incompatibilizaba con la corrupción. Claro que, una vez expulsados que fuimos del paraíso, todos nos encontramos en estado de naturaleza caída, es decir, que somos todos susceptibles de corrompernos sometidos como estamos a los agentes de la erosión. Por eso, todos debemos pedir cuentas y estar obligados a rendirlas, sin que nadie tenga que sentirse ofendido. Una sana desconfianza es vital para el sistema.

Otra cosa es que el éxito en las urnas exija que antes se haya sido capaz de interpretar de oído y establecer la debida sintonía con el votante. Por eso, los programas y los candidatos revelan la idea que los partidos se hacen del elector. Cuando se arremete contra los corruptos ajenos y al mismo tiempo se les elimina de las listas propias es porque se considera que con ellos a bordo sería imposible la victoria. Cuando se les confirma como candidatos es porque se sobrentiende que sus desfalcos no levantan objeciones dado el pacto de envilecimiento subyacente. Veremos.