Daños colaterales

Las tensiones políticas en el norte de África expresan los deseos de libertad en sociedades controladas por dictaduras apenas encubiertas. Esta corriente principal, muy laudable, tiene efectos secundarios. Para la economía española, las convulsiones políticas tienen varios tipos de efectos. Por una parte, empresas españolas tienen negocios e inversiones en la zona. El caso más evidente, pero no el único, es el de Repsol en Libia. La compañía ha repatriado a los empleados españoles y el país ha cerrado ya una cuarta parte de su producción petrolera. Esta decisión causará una pérdida cuantificable de ingresos, teóricamente cubierta con las cláusulas de reparación. La experiencia demuestra que el pago de tales cláusulas están sujetas a decisiones políticas tomadas después de la estabilización de los países que, hay que confiar en ello, deberían concluir en procesos de democratización. El caso de Repsol es un ejemplo de lo que sucede o puede suceder con otras compañías españolas en Túnez, Egipto o Argelia, con distintos grados de intensidad.

España no mantiene con la zona real o potencialmente conflictiva un volumen excesivo de intercambios comerciales (aproximadamente el 6% de las exportaciones totales y el 8% de las importaciones) ni un volumen significativo de inversiones directas. Pero es la concentración de las compras en petróleo y gas las que subrayan la vulnerabilidad ante una prolongación de las tensiones. La dependencia de las compras españolas de crudo a Libia -donde el conflicto es sangriento debido a la vesania de Gadafi- es limitada; supone el 13% del consumo de petróleo ("perfectamente sustituible", asegura el ministro Sebastián) o el 25% de gas. Lo preocupante es el riesgo de extensión de los conflictos a otros países, lo que puede penalizar el tibio crecimiento de nuestra economía. La dependencia del gas argelino, por ejemplo, es mucho más inquietante.

El segundo problema para España y para Europa es la elevación de los precios del crudo y del gas. Una subida sostenida del precio del petróleo significa una pérdida muy importante de rentas (la conocida transferencia desde los países consumidores a los productores) que, en el caso de España, está calculada en unos 6.000 millones de aumento del coste por cada diez dólares de encarecimiento del barril. Por encima de 120 dólares, la factura petrolera en una fase de convalecencia recesiva puede convertirse en insostenible para algunos países. Si la recuperación económica española ya es lenta, el encarecimiento de las importaciones energéticas puede retrasarla todavía más.

El impacto sobre la inflación puede tener consecuencias más graves si cabe. Como es lógico, no será la española la única economía que sufra las consecuencias adversas de esta crisis de nuevo cuño. El aumento en el precio del petróleo, del gas y otras materias primas, la volatilidad de algunas variables financieras o la intensificación de los flujos migratorios, impactará sobre todas las economías, desde luego sobre las de la eurozona, con inversiones significativas en la región hoy más conflictiva. Si, como parece previsible, el repunte en la inflación es común a las economías de la eurozona, el Banco Central Europeo podría caer en la tentación de transformar su retórica antiinflacionista en subidas prematuras de tipos de interés. Un encarecimiento del dinero frustraría cualquier expectativa de recuperación en 2012.