Yagüe se sentará en el banquillo por quitar sanciones de tráfico

Francisco Javier Martín, inspector de la Policía Local de Marbella, y la ex alcaldesa Marisol Yagüe se sentarán en el banquillo por quitar multas de tráfico. El juez Jaime María Serret Cuadrado, titular del juzgado número 4 de Marbella, ha decretado la apertura de juicio oral por este caso, en el que también serán procesados un sindicalista que denunció la existencia de las multas no tramitadas y el exjefe de Policía Rafael del Pozo con el fin de aclarar todo el suceso. La fiscalía solicita penas de hasta tres años de prisión para los agentes y una inhabilitación de nueve meses para la exalcaldesa.

Durante los tres años que ha durado la instrucción, el Ayuntamiento marbellí, gobernado por el PP, ha mantenido en su cargo al mando policial, que ha ascendido a inspector y sigue siendo uno de los responsables de la unidad de Atestados, encargada de tramitar las multas. Tanto a Francisco Javier Martín como a José María Sánchez, representante sindical de UPLB-A, se les ha abierto un expediente disciplinario grave que se mantendrá abierto hasta que haya sentencia. "Lo que quede probado judicialmente se tendrá en cuanta a nivel administrativo y entonces se decidirá", explica Carlos Rubio, coordinador de Personal del Consistorio marbellí.

Dos multas eran por alcoholemia de un sobrino de José María García y un 'paparazzi'

Las notificaciones fueron sustraídas de las dependencias policiales

El fiscal acusa al inspector Francisco Javier Martín y al agente José María Sánchez de ocultar tres atestados interpuestos entre febrero de 2004 y agosto de 2005 que no llegaron a presentarse en el juzgado de guardia. Se trata de dos alcoholemias (denuncias por delitos contra la seguridad en el tráfico) interpuestas en distintas fechas contra Diego Arrabal, conocido paparazzi colaborador de programas del corazón, y Borja Fraile Peña, sobrino del periodista José María García. El tercero es un atestado contra un empleado del depósito municipal que circulaba con una moto dada de baja y que tendría que haber sido denunciado por un presunto delito de malversación y falsificación.

El ministerio público considera que el ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo y la ex alcaldesa marbellí Marisol Yagüe dieron las órdenes para que no se tramitaran los atestados. Existe un quinto enjuiciado, el policía Alberto Rodríguez, al que acusan de borrar del sistema informático la multa contra Arrabal y de evitar que se judicializasen las diligencias contra el empleado del depósito municipal instruyéndolas como infracción administrativa.

El mando policial, el denunciante y el ex jefe de Policía Local se enfrentan a una petición fiscal de tres años de prisión por dos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y de infidelidad en la custodia de documentos. Para el otro agente y la exregidora, acusados de omisión del deber de perseguir delitos, la fiscalía reclama una inhabilitación por dos años y nueve meses, respectivamente.

El juicio, para el que todavía no hay fecha, se celebrará en la Audiencia Provincial. La fiscalía ha solicitado que comparezcan como testigos las personas contra las que no se tramitaron los atestados, el periodista José María García, además de ocho agentes de Policía Local y uno del Cuerpo Nacional de Policía.

Las multas fueron supuestamente sustraídas de dependencias policiales el 30 de marzo de 2006, el mismo día en que la Policía registró la Jefatura de Marbella por el caso Malaya. Según el denunciante, Francisco Javier Martín le entregó aquel día un sobre cerrado y le pidió que se lo llevara para después recogerlo. Nunca se lo reclamó y él no reparó en ello hasta más de un año después, cuando lo encontró olvidado en un cajón. Cuando lo abrió, descubrió tres atestados de tráfico originales y copias de las comparecencias de los policías que participaron en los servicios.

Tras declarar ante el juez, Francisco Javier Martín no quiso aportar su versión de los hechos. Fuentes cercanas al mando aseguran que atribuyó el control de las denuncias a Rafael del Pozo.

El ex jefe de Policía Local negó haber participado en la sustracción de las multas e incidió en la existencia de un procedimiento informático que garantiza que las actuaciones policiales no desaparezcan.

En febrero de 2008, seis meses después de recibir la denuncia por la sustracción de los tres atestados, hallaron en dependencias de la Policía Local de Marbella otra diligencia sin tramitar, también del año 2005. La edil de Seguridad, María Francisca Caracuel, informó entonces de que la habían remitido al juzgado de guardia. Al menos dos de los implicados en la primera causa aseguran que nadie les ha preguntado por esta nueva causa.