Los nuevos gestores de la promotora de Zambrana dicen sentirse estafados

Nicolás Guerrero, actual administrador de Riera Urbanizer, empresa que se gastó millones de euros en opciones de compra por los terrenos que supuestamente iban a ser recalificados en Zambrana en una operación impulsada por Alfredo De Miguel, reconoció ayer que el actual equipo gestor de la firma lamenta haber entrado en la turbia operación que la justicia investiga por si hubo pago de comisiones ilegales.

En su comparecencia ante la comisión de Juntas Generales de Álava que busca depurar las responsabilidades políticas de lo ocurrido, Guerrero explicó ayer, en términos muy duros, que la mayoría de sus accionistas se sienten estafados por la gestión realizada por el exadministrador de Riera Urbanizer, Francesc Fernández Joval.

La responsabilidad de los contratos era del entonces director de Juventud

Guerrero aseguró que no hay documentos que justifiquen por qué se pagó casi un millón por asesorar en la operación a Sidepur, la empresa de Josu Arruti que De Miguel introdujo en la operación. Añadió que ambos tenían más negocios con Fernández Joval. Aunque dijo no tener pruebas sobre si hubo pago de comisiones a terceros, Guerrero dejó entrever que toda la operación resultó un fiasco para su firma.

También confirmó que la mayoría de los accionistas ha optado por querellarse contra Fernández Joval, que tenía en Arruti un interlocutor privilegiado para sus negocios en el norte de España. Sidepur no solo cobró en metálico, sino que también se le perdonaron varias deudas que tenía con empresas vinculadas a Riera Construcciones, reveló

Afirmó que en todo momento se les aseguró que la operación iba sobre ruedas. El anterior gestor les había asegurado igualmente que los terrenos estaban adquiridos, cuando solo habían comprado opciones de compra, destacó.

El actual responsable de Riera Urbanizer señaló que la única esperanza que les queda es el recurso interpuesto contra la recalificación reducida, alegando que la decisión se tomó fuera de plazo -primero se habló de 120 hectáreas, después se redujo a la mitad y finalmente quedó en una veintena-.

Mientras, la comisión del Parlamento vasco que intenta depurar responsabilidades políticas del caso De Miguel escuchó ayer el testimonio de dos exjefas de servicio de Cultura. De sus testimonios se desprende que la responsabilidad sobre los contratos menores irregulares investigados por la justicia correspondía al entonces director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, imputado por los hechos. Este se ha negado a dar explicaciones tanto en sede judicial como ante la comisión parlamentaria de por qué no consta rastro documental que justifique que los trabajos se efectuaron realmente.

Ante la comisión comparecieron la exjefa de servicios jurídicos de dicho departamento, Olatz Garamendi, y la entonces responsable del servicio de juventud, Oro Otxoa de Eribe. Esta última no dio explicaciones a por qué varias cuadrillas alavesas pagaron a la empresa Errexal por unos trabajos que serían subvencionados. Contestó que no recordaba si ella fue la encargada de avisar durante una reunión a las cuadrillas de la existencia del subsidio. Por la tarde, los parlamentarios escucharon el testimonio de un joven que fue contratado por Juventud para la realización de un blog.

En general, los testimonios abundan en la sensación de descontrol que había en el departamento en materia de contratos menores. Además de Sánchez Robles, está imputado por lo ocurrido el entonces viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, quien atribuyó al exdirector de Juventud la responsabilidad de los contratos cuestionados. La comisión quiere ofrecer en sus conclusiones finales recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Administración en este aspecto.