La portavoz del Consell no cree que Mas y Camps tengan que hablar de TV3

El encuentro que, presumiblemente, mantendrá el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con su homólogo catalán, Artur Mas, el próximo 20 de abril no parece que haya arrancado con buen pie. La portavoz del Consell, la consejera Paula Sánchez de León, se mostró ayer contraria a que el cierre de las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana y la reciprocidad de la señal con Canal 9 merezca estar en la agenda de la reunión que mantendrán ambos presidentes autonómicos.

"No creo que sea un tema que deba ser tratado por los dos presidentes", sentenció Sánchez de León, que remachó: "Este tema no tiene altura para ser tratado en esa reunión". La portavoz minimizó una cuestión que ha levantado toda una serie de protestas ciudadanas con la afirmación de que el cierre de las emisiones solo afecta a 2.000 valencianos. Sánchez de León insistió en que el cese de las emisiones de la TV3 en la Comunidad Valenciana no lo resolverán los dos presidentes autonómicos, ya que la manera de resolver la cuestión es que el Ministerio de Industria le conceda a la Generalitat un tercer multiplex -una banda por la que puedan emitir cuatro televisiones diferentes- que se sumaría a los dos que ya existen, que están infrautilizados.

Bienestar Social aprueba el nuevo reglamento de la Ley de Dependencia

La portavoz reconoció que las concesionarias que disponen de licencia están incumpliendo la condición fijada de emitir un 30% de la programación en valenciano -lo que tras el cierre de las emisiones de TV3 deja a Canal 9 como única emisora de TDT en valenciano- pero que no se empezará a sancionar hasta que no se haya expedientado a quienes emiten de manera ilegal.

Pese al esfuerzo de la consejera por minimizar el cierre de las emisiones de TV3, ayer el PP de Burriana anunció que pedirá en el Ayuntamiento el reestablecimiento de la señal de la televisión catalana. Por su parte, el eurodiputado socialista Andrés Perelló denunció ante la Comisión Europea el apagón decretado por el Consell de Francisco Camps.

Por otra parte, el Consell aprobó en su reunión de ayer el nuevo reglamento de la ley de Dependencia para acortar los plazos de tramitación de solicitudes que se intentará que no sobrepasen los seis meses y si lo hace que se las ayudas se paguen con carácter retroactivo. Ahora la media era superior a los nueve meses de tramitación. La consejera de Bienestar Social, Angélica Such, aprovechó su comparecencia para quitar hierro al fraude detectado en el Ivadis.