El gerente de GISA en Girona queda en libertad con cargos

El Juzgado de Instrucción 5 de Barcelona acordó ayer la libertad de Jordi Vergé, gerente de Carreteras en Girona de la empresa de la Generalitat GISA, y del empresario Juan Mozo Llambia, implicados en la supuesta adjudicación ilegal de carreteras en aquella provincia. Durante su comparecencia en el juzgado de guardia, la fiscalía solicitó la prisión incomunicada para ambos, que están acusados de cohecho y alteración de precios de concursos y subastas públicas y deberán presentarse una vez al mes ante la justicia. Francesc Jufresa y Carles Monguilod, abogados de los acusados, explicaron que sus clientes se negaron a declarar hasta conocer "de qué y por qué se les acusa". Como el caso está bajo secreto de sumario, las defensas no tienen acceso a las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, que ha actuado como policía judicial.

Ocho empresas hicieron obras por valor de 44 millones en dos años

Los agentes registraron el jueves la empresa pública y se incautaron del disco duro del ordenador de Vergé. Según la cadena SER, entre los años 2009 y 2010, se adjudicaron en la provincia de Girona 28 obras de carreteras por un importe total de 44 millones de euros que, supuestamente, se repartieron ocho constructoras concertadas entre ellas. Tres de estas empresas son Rubau Tarrés, Aglomerats Girona y Construcciones Rubau, a las que se les concedieron 43 de las 65 obras adjudicadas entre 2009 y 2010. El resto de empresas investigadas son Xavier Alsina, Construcciones Fusté, Moviterra con Servia Cantó, Arico Forest y Agustí i Masoliber. Uno de los socios de esta última sociedad es Josep Agustí, presidente de la patronal de la construcción en Girona, que ayer negó la existencia de este monopolio de empresas en aquella provincia.

Se da la circunstancia de que 14 empresas constructoras se presentaron a un mínimo de una decena de concursos y jamás lograron una adjudicación. La irregularidad no habría sido posible sin el beneplácito de Vergé, quien supuestamente cobró comisiones de esas adjudicaciones, según fuentes de la investigación, pues formaba parte de la comisión técnica de GISA.

Las concesiones de las obras se produjeron en época del tripartito, aunque la contratación de Vergé en GISA data de muchos años atrás, con el Gobierno de Pujol. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, aseguró ayer que las presuntas irregularidades han causado "sorpresa" en la Generalitat. Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial cuando sucedieron los hechos, escribió ayer en su Twitter que no tenía nada que decir, que ofrecía la máxima colaboración con la justicia y que debía respetarse el secreto de sumario y la presunción e inocencia.