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Siete técnicos ratifican el distinto coste de los cambios en la AP-1

Siete técnicos llamados por la Diputación alavesa declararon ayer en la segunda jornada de la vista oral en que se analiza el posible desfase de 31 millones de euros en el coste de la autopista Eibar-Vitoria, la AP-1. La mayoría coincidieron en que sí se produjeron modificaciones del proyecto, pero con una diferencia sustancial entre las modificaciones: las que pedían las adjudicatarias siempre llevaban aparejados costes elevados, mientras que las aprobadas a instancias de la Diputación el coste era muy pequeño.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Dragados y Yarritu demandó a la institución foral el pasado junio al entender que se habían producido cambios en las condiciones de adjudicación del contrato que les obligaron a afrontar un sobrecoste de 31 millones.

"Las propuestas de la Diputación tenían poco coste" apuntó un testigo

La UTE, que realizó el tramo de Luko a Arlabán, de 8,3 kilómetros, entiende que se ha producido un cambio en las condiciones del contrato y una desviación de precios al alza.

Carlos Campo, de la empresa Geotécnica, reiteró la tesis esgrimida por sus compañeros al asegurar que todas las propuesta sustanciales fueron a propuesta de las constructoras. "La obra iba con retraso", confirmó Alejandro Ugalde, "pero las modificaciones que proponía la diputación no conllevaban costes adicionales sustanciales".

De las previsiones iniciales de 122 millones se pasó a un incremento de 40 millones y después a 68 millones.

La Eibar-Vitoria era la infraestructura más importante que afrontaba Euskadi en el año 2004, con una inversión de 970 millones, de ellos 780 millones en la parte guipuzcoana. De los 122 millones que Álava presupuestó aquel año se ha pasado ya a un coste de casi 190, IVA incluido. El coste de la infraestructura, cuyas obras deberían haber acabado en la parte alavesa a mediados de 2007 y se prolongaron hasta agosto de 2008.

Después de una jornada más técnica con las declaraciones de los testigos de Vías, el juicio acabará hoy con las de los peritos de cada una de las partes y las conclusiones de los abogados.

Una sentencia condenatoria por el total de lo reclamado obligaría a la Diputación a endeudarse para lograr los fondos. La partida está ya prevista en los presupuestos para 2011.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de febrero de 2011