Hernández dice que la casa de Vázquez podría derribarse si no colabora

Los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente se quedaron el pasado martes a las puertas de la casa del líder del PSdeG, Pachi Vázquez, en el municipio de San Amaro (Ourense) sin poder comprobar si las obras en la vivienda se ajustan a la licencia. No abrir su casa a los funcionarios le puede costar a Vázquez el derribo de su vivienda, según aadvirtió ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que matizó que la decisión dependerá de "los técnicos" de su departamento. En el caso de que los funcionarios no decidan legalizar los trabajos, Vázquez "deberá reponer la situación que tenía antes de hacer las obras" en su domicilio.

Hernández explicó que fue Vázquez quien solicitó legalizar unas obras en su casa que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística "determinó que eran ilegales". Por ello, mostró su sorpresa porque el socialista "no preste colaboración" con la Administración. "Se le dieron tres meses para que decidiera reponer la legalidad o legalizar y, en agosto, Vázquez decidió legalizar", resumió.La querella que el socialista anunció el pasado martes contra la consellería por abuso de poder le parece al titular de Medio Ambiente una equivocación."Se equivocó cuando hizo obras que no se ajustaban a la petición de obra que hizo, se equivocó la semana pasada cuando faltó al respeto y utilizó palabras no adecuadas contra el presidente [relacionó a Feijóo con el narcotráfico] y contra mi persona y ayer se volvió a equivocar", aseveró. El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, acusó a la Xunta de enviar funcionarios sin competencias de inspección a casa de Vázquez, una conducta que tildó de "pseudofascista".

Al presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, también le resultó "chocante" que Vázquez "promueva la legalización de las obras" y "no se preste a colaborar" abriendo su casa a la inspección. Para Baltar, si "cacharon" a Vázquez tendrá que afrontar las consecuencias: "Si legalmente se puede resolver, encantados, y si no se puede legalizar, tendrá que tener las sanciones y lo que corresponda como otro ciudadano cualquiera".

La visita de los técnicos a la vivienda de Vázquez coincidió el pasado martes con la comparecencia como imputados de los directores generales de Avaliación e Reforma Administrativa y de Empleo en la querella que presentó el sindicato Unións Agrarias por desvío de poder en la Xunta. El titular de Presidencia, Alfonso Rueda, negó que él ordenase iniciar la investigación del Gobierno sobre un supuesto mal uso de los fondos de cooperación por parte de Unións Agrarias y que el PP -a través del propio Rueda y del portavoz popular Antonio Rodríguez Miranda- vinculó a la "financiación ilegal" del PSOE.

"Absoluta objetividad"

Rueda insistió en que él tuvo conocimiento de la investigación una vez que el departamento de Traballo "hace las primeras comprobaciones y habla con la Consellería de Presidencia". Preguntado por si la orden partió de él, Rueda afirmó que eso "es absolutamente falso".

La objetividad, recalcó numerosas veces, prima en la investigación de la Xunta, por eso no hay en el Gobierno gallego "absolutamente ninguna preocupación" sobre la imputación de los altos cargos. "Cuando se actúa con objetividad no hay nada que temer y la Xunta actuó con objetividad", insistió. Sobre si pudo haber alguna incompatibilidad entre denunciar una práctica desde el PP y luego investigarla desde la Xunta, Rueda invocó de nuevo la "absoluta objetividad" y se remitió, "por respeto", a la investigación judicial.