La nueva reforma revela los déficits del Estatut d'Autonomia de 2006

Que haya que modificar de nuevo, por el procedimiento de urgencia y con la legislatura agonizando, el Estatut d'Autonomia reformado en 2006 es la prueba más palmaria de que algo no se hizo bien o quedó por hacer entonces. Sin embargo, tanto el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, como el diputado del PP David Serra se esforzaron ayer en las Cortes en presentar la propuesta del Consell de introducir una cláusula que blinde las inversiones estatales en proporción a la población durante siete años, como tiene el Estatuto de Andalucía (en el caso de Cataluña se fija respecto al PIB), como un acto de lo más lógico para equiparar la norma valenciana a las de otras comunidades. "No queremos ser más, pero tampoco menos que otros", dijo el consejero.

La cláusula Camps es la "cláusula de la impotencia", según Enric Morera

La oposición, incluidos los socialistas, que pactaron el texto hace cinco años, esgrimió una larga lista de reproches, empezando por el hecho de que los populares consideraron inconstitucional esa cláusula, se negaron a incluirla y la recurrieron sin éxito en otros estatutos.

Marga Sanz, portavoz de Esquerra Unida, cuya enmienda a la totalidad solo logró el apoyo de Compromís (lo que recompuso la unidad con la que iniciaron ambos grupos el mandato), dijo: "Hicimos bien en oponernos. Reconocen implícitamente la estrechez del Estatut".El diputado David Serra, -que hizo una alusión al uso del castellano por parte de Marga Sanz de la que la portavoz de Esquerra Unida optó educadamente por no darse por enterada- no mostró reparos en asegurar que el Estatut d'Autonomia pactado en 2006, cuyo mérito atribuyó "al presidente Camps y al señor Pla", secretario general entonces de los socialistas valencianos, "es un éxito" y, precisamente por ello, "se merece una reforma puntual".

Los populares enmarcaron la modificación que se tramita de urgencia en la necesidad de equiparar la financiación que recibe la Comunidad Valenciana a la del resto de comunidades, pero Sanz replicó que la iniciativa solo busca garantizar las inversiones del Estado y nada tiene que ver con la financiación corriente de la Generalitat, inferior a la media y que el Consell derrocha, según la diputada. La líder de Esquerra Unida no convenció al PP ni al PSPV-PSOE de la conveniencia de incluir a los municipios en la comisión mixta Estado-Generalitat que deberá abordar las inversiones.

El propio consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que justificó que ahora sí que está a favor de la cláusula de blindaje porque, aunque el Tribunal Constitucional dijo que no obliga al Estado, el Gobierno ha venido respetándola a la hora de elaborar los Presupuestos Generales para los territorios que disponen de ella, cifró el beneficio de introducir esa disposición en el Estatut en 500 millones de euros anuales, 3.500 millones a lo largo de los siete años que se prevén de vigencia. "Hemos perdido 2.000 millones", le acusó el portavoz de Compromís, Enric Morera, basándose en esos cálculos. Según Morera, se podía haber introducido ya la disposición que blinda las inversiones en 2007 porque el Consell ya sabía entonces que la fórmula era constitucional. Morera, que acusó a PP y PSOE de "no defender los intereses estratégicos de la sociedad valenciana", citó al actual candidato de Compromís a la alcaldía de Valencia, Joan Ribó, que era portavoz en las Cortes cuando se aprobó el Estatut y advirtió de que la norma revelaría pronto sus insuficiencias. "La cláusula Camps", añadió, "es la cláusula de la impotencia, porque no sabe lo que quiere para su pueblo y por eso deja la puerta abierta para decir que también quiere lo que tiene el vecino".

"No es posible ir siempre mirando de reojo lo que hacen los demás", señaló, por su parte, el socialista Antoni Such, que consideró la propuesta del Consell de blindar las inversiones "una rectificación" en toda regla. "Han venido a lo que nosotros propusimos hace cinco años", explicó el diputado, al recordar que el PP no quiso introducir la disposición que proponían los socialistas. Such emplazó al PP y al Consell a abandonar el victimismo, dejar de "pedir permanentemente" y hacerse "responsables del gasto y corresponsables de la gestión fiscal". Por eso retó a los populares a poner en marcha la agencia tributaria que prevé el Estatut.