El Gobierno estudiará una alternativa a la ampliación del puerto de Tarifa
La Junta se rebela contra el rechazo del Medio Ambiente a las obras
La Junta salió ayer en bloque en defensa del proyecto de ampliación del puerto de Tarifa, que supone una inversión de 200 millones de euros y la creación de 2.000 empleos. El Ministerio de Medio Ambiente, que dirige la exconsejera de la Junta Rosa Aguilar, ha dictado una resolución desfavorable por su impacto en el ecosistema del Estrecho y por situarse al borde del parque natural. Sin embargo, horas después de que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, afirmara que iba a "hablar" con Aguilar, fuentes de su Ministerio afirmaron que "están dispuestos a estudiar una alternativa que sea viable y compatible con el medio ambiente y cubra las necesidades de Tarifa".
El presidente de la Junta y tres consejeros afirmaron ayer que no renuncian al proyecto. José Antonio Griñán fue el primero en pronunciarse. Durante una visita a municipios de la Alpujarra de Granada, afirmó que seguirá impulsando la ampliación y garantizó el compromiso de la Junta con esta iniciativa. "Hablaremos con Medio Ambiente porque seguimos pensando que es un proyecto muy importante para Tarifa".
La consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, insistió en que la Junta de Andalucía apoya "completamente" las obras porque son "absolutamente necesarias". "Si hay alguna dificultad en el proyecto que se tenga que corregir, si tenemos que trabajar para hacer una obra que es necesaria y vital para el desarrollo económico y al mismo tiempo hay que respetar toda la normativa medioambiental, habrá que revisar el proyecto, pero sin perder de vista que queremos realizar esa infraestructura", afirmó Mar Moreno. "La Junta no se va a echar para atrás y va a estudiar los informes, pero desde luego, nosotros estamos por el proyecto, pero por un proyecto que respete la ley", concluyó la portavoz del Ejecutivo autonómico, a quien se unieron el Consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, y la de Obras Públicas, Josefina Cruz Villalón.
La salida en tromba a favor de la obra contrasta con los informes existentes en el expediente. Durante la tramitación, dos Consejerías andaluzas pusieron pegas al proyecto. La de Agricultura y Pesca alertó de un posible impacto sobre las almadrabas de Cádiz y la de Medio Ambiente, sobre especies protegidas en la zona, según fuentes próximas al proyecto.
A favor de la resolución de Medio Ambiente se han pronunciado los ecologistas, que aseguran que la obra es innecesaria ni está justificada económica y ambientalmente.
Aunque el Ministerio afirme públicamente que está dispuesto a estudiar una alternativa, legalmente es complicado superar una declaración de impacto ambiental negativa salvo que se rehaga el proyecto completamente. En 2007, Medio Ambiente vetó el proyecto de autovía entre Córdoba y Toledo. Las Juntas andaluza y de Castilla-La Mancha anunciaron que buscarían alternativas para recuperar la infraestructura. Castilla-La Mancha aprobó su tramo el año pasado pero la obra sigue lejos.
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