Un pleno de asuntos exteriores

Quienes critican la labor de las Juntas Generales, una de las instituciones más desconocidas para los ciudadanos en Euskadi, según las encuestas, pueden tener hoy un motivo más de queja. Los 51 apoderados vizcaínos asisten al penúltimo pleno de la legislatura, que finalizará el próximo 23 o 24 de marzo, con la última sesión plenaria previa a las elecciones forales de mayo, para debatir asuntos que no son de su competencia. Tres de los cinco puntos del orden del día no afectan al quehacer diario de los vizcaínos: el segundo es una propuesta en torno a la agresión marroquí al pueblo saharaui; el cuarto hace referencia a las polémicas declaraciones sobre ETA que el ex presidente de Felipe González realizó el pasado mes de noviembre a EL PAÍS, y el quinto, una proposición sobre el terrorismo de los GAL.

ETA, los GAL y el pueblo saharaui centran la reunión de hoy en Gernika

Solo el primer punto, dedicado a la norma foral sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, y el cuarto, que gira en torno al biotopo protegido previsto en Galdames, afectan de lleno a las competencias de la Diputación y el Legislativo foral. Nunca en este mandato los asuntos extemporáneos habían dominado el orden del día de un pleno de las Juntas. No lo reconocen en público, pero varios junteros afirman durante los recesos en las sesiones que hay asuntos poco justificables. "No es lo mejor para defender a las Juntas, porque son temas que no interesan a los vizcaínos", asegura un veterano representante.

"Se trata de asuntos que no tienen ningún sentido porque no es el ámbito donde discutir", comenta otro apoderado con varias legislaturas en el Parlamento foral. "Se debería clarificar si las Juntas se deben dedicar a resolver los problemas de Vizcaya o convertirse en un lugar en el que se ataca a otras instituciones", opina.

Este político opina que la Mesa de las Juntas Generales, el órgano formado por cinco miembros -la presidenta, dos vicepresidentes y dos secretarios- que se ocupa de convocar los plenos y comisiones e incluir los asuntos a debate, debería "realizar una criba sobre estos temas. Siendo la menos conocida de las instituciones, deberían de ponerse de acuerdo para eliminar esta clase de asuntos del orden del día", expresa.

De los 51 apoderados, un total de 19 tienen dedicación exclusiva, con sueldos brutos anuales que van desde cerca de 90.000 euros a 60.000. Los otros 32 cobran únicamente por la asistencia a los plenos y las comisiones. Un portavoz de las Juntas vizcaínas precisó ayer que cada pleno supone en gasto cifrado en 9.000 euros para los 32 apoderados sin liberación exclusiva. Este coste, que incluye las dietas por kilometraje y la asistencia a la sesión, se traduce en una media de 280 euros por juntero. Al principio de la legislatura, en 2007, cada apoderado cobraba 238 euros por pleno.

El número de liberados aumentó significativamente en este mandato por la presión de la oposición, que nada más conformarse las Juntas propinó el primer varapalo del mandato al PNV al aprobarse cambios de funcionamiento interno. Se ampliaron los liberados (nueve más que en la anterior legislatura) y los miembros de las comisiones crecieron hasta 12. Este acuerdo enfadó sobremanera al PNV, que al principio de la legislatura, buscaba un acuerdo de gobierno con Ezker Batua.