La comisión de las Juntas alavesas accederá a datos fiscales de la trama
Aprobada por unanimidad la nueva norma tributaria
Las Juntas Generales de Álava aprobaron ayer por unanimidad una modificación de la norma tributaria foral que les permitirá acceder a los datos fiscales de las empresas vinculadas con la supuesta trama corrupta del caso De Miguel. La iniciativa, presentada por PSE y PP, permitirá que la comisión del Legislativo foral pueda acceder a la información que la Diputación de Álava le denegó en diciembre pasado sobre los movimientos de más de 3.000 euros de compañías ligadas a la trama como Kataia Consulting.
Los junteros son conscientes de que la comisión tendrá que apurar al límite el tiempo teniendo en cuenta que las Juntas serán disueltas a finales de marzo como paso previo a los comicios forales. Por ello, la socialista Eva Jiménez y la popular Marta Alaña coincidieron en pedir celeridad a la Diputación para que la norma se publique lo antes posible en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y entre en vigor.
Socialistas y PP piden celeridad para que la medida entre ya en vigor
Los datos llegarán previsiblemente cuando la comisión esté elaborando sus conclusiones. De momento, los junteros solo tienen previsto escuchar otros dos testimonios más: el del actual administrador de Riera Urbanizer, Nicolás Guerrero y el de un vecino de Zambrana afectado por la fallida operación urbanística que investiga la comisión. El primero acudirá el viernes próximo y el segundo lo hará el 2 de marzo.
De momento, los junteros no han recibido respuesta a su petición de que comparezca el exdirector de Sprilur Antton Zubiaurre para que aclare el papel que la sociedad pública desempeñó en la fallida recalificación de terrenos en ese municipio.
El juez Roberto Ramos, instructor de este caso, escuchó ayer el testimonio de una de las propietarias que vendió los terrenos adquiridos en Fruniz a varios imputados en la causa. La implicada, familiar de la secretaria de Alfredo de Miguel, explicó que optaron por venderlas tras discrepancias en torno a la herencia de las tierras. La operación fue financiada por un crédito de una empresa vinculada a Riera Urbanizer.
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