Calonge paga sus desmanes urbanísticos
Cuatro sentencias obligan a derribar 60 pisos frente al mar
![Rebeca Carranco](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fad554526-c291-4dbf-a9ed-9a24fc389102.png?auth=ab3280373f3f4ee0712a92212037b29a8f46e8f1093fc1ca82d1eb580376332a&width=100&height=100&smart=true)
Desde su balcón, Florence Avedissian, de 40 años, ve el mar. Si baja a la calle, está en la playa. La mujer vive con sus dos hijos en Calonge (Baix Empordà), en la zona de Sant Antoni. Compró en 1999 sobre planos los dos bajos del bloque de pisos Josep i Bonaventura, en el paseo marítimo, popularmente conocido como El Queixal. Ella vive tranquila, a pesar de que el Tribunal Supremo ha ordenado derribar las cuatro últimas plantas de las ocho que tiene el edificio.
Calonge, una localidad de la Costa Brava con poco más de 10.000 habitantes, acumula cuatro sentencias de demolición por infracciones urbanísticas que afectan a 60 viviendas. Además, el verano del año pasado, el Ayuntamiento ya echó abajo un complejo de 43 apartamentos, el Armona Resort, porque no cumplía con lo que dice la ley. El último revés judicial va contra El Queixal. El Supremo ratifica una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dice que el edificio tiene cuatro plantas más de las permitidas.
A simple vista, no es una construcción más escandalosa que el resto. En el paseo marítimo, el hormigón abunda. Gigantes de ocho o nueve plantas se levantan frente a la costa para servir, casi siempre, de segunda residencia. Es el urbanismo salvaje que ha deteriorado buena parte de la Costa Brava.Florence asegura que no tiene noticias del Ayuntamiento sobre el problema que amenaza su casa. "Pero les afecta a los de arriba, ¿no?", se pregunta. Ciertamente, la sentencia no pide que se derribe todo el bloque. Otra cosa es que sea posible echar abajo cuatro plantas y mantener el resto.
El concejal de Urbanismo de la localidad, Martí Fonalleras (ERC), niega la responsabilidad de su gobierno. Todos los edificios afectados se hicieron durante la alcaldía de Josep Roselló Pijoan, explica. Roselló, que fue alcalde más de 20 años (por CiU hasta 2003, independiente desde entonces), defiende que no dio un solo permiso que tuviese un informe en contra.
La batalla entre los polticos en Calonge es encarnizada. La corporación municipal, capitaneado por Jordi Soler (CiU), llegó al poder después de una moción de censura, que acabó en una declaración de transfuguismo para todo el equipo de gobierno. Por el camino ha habido querellas y una investigacin de la fiscalía.
Mientras, los propietarios ven como las casas que compraron ahora amenazan ruina. No porque estén viejas, si no porque las cosas no se hicieron como es debido. Los dos bloques del edificio bautizado como Llevant de Mar, en la avenida de Pau Casals, están pendientes de los últimos recursos que ha puesto el Consistorio. Incluso ya existe un presupuesto de derribo de 230.000 euros para los 28 apartamentos. Las persianas están bajadas, los buzones prácticamente vacíos y cubiertos de polvo. Solo en uno de los apartamentos hay signos de vida, pero nadie responde al interfono.
Lo mismo ocurre con el bloque de edificios y locales comerciales Anna I, en la avenida de la Unin, junto al mar. En este caso son 16 apartamentos, la mayoría segundas residencias, y bares. A este caso se suman las ocho viviendas en Treumal de Dalt, que no llegaron ni a venderse.
Las infracciones suelen ser en muchos casos por defectos de forma. En el Anna I se hicieron unos cambios puntuales en los terrenos a través de un mecanismo que no era el adecuado. Para levantar el Llevant se acumuló la edificabilidad de dos parcelas en una. Las casas de la zona de Treumal de Dalt superan el techo máximo de metros construidos.
El objetivo del consistorio es evitar los derribos, explica Fonalleras. Están agotando la vía judicial para intentar retardar todo lo posible el proceso y legalizar las edificaciones a posteriori en el Plan General de Ordenación Urbana. Aunque el temor de verdad es afrontar las indemnizaciones que pueden acarrear las demoliciones. El Armona Resort, en la zona del Collet, fue al suelo en 2010 y costó 134.000 euros derribarlo. Ahora los dueños piden 9,8 millones al Ayuntamiento, que tiene un presupuesto de unos 15.
"Si nos lo echasen abajo, nos pagaran, ¿no?", se pregunta Florence, desde el balcón donde da el sol. "Aunque nos darán menos de lo que nos costó...", se responde ella misma. Sus hijos la interrumpen. Alguien llama a la puerta y es la hora de comer. Se excusa y se va hacia el interior del piso con la cabeza gacha. A lo lejos, se diría que parece preocupada.
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