Una Hacienda en entredicho

El juicio que por primera vez en Euskadi ha sentado en el banquillo a un máximo responsable de luchar contra el fraude fiscal está dejando gran cantidad de dudas sobre cómo funcionaba la Inspección en la Hacienda de Vizcaya. Aunque la veintena de empresarios que han declarado en las cinco semanas de la vista celebradas hasta ahora han negado reiteradamente que recibieran trato de favor del principal imputado, el ex jefe de la Inspección, Juan Ramón Ibarra, los testimonios de los inspectores han sido diferentes.

Hasta siete funcionarios dedicados a inspeccionar a empresas han declarado al tribunal irregularidades importantes en la Hacienda, fundamentalmente en los años 90 y principios de 2000. La paralización de investigaciones o la obstrucción a las pesquisas han sido la crítica más generalizada pero también se ha hablado directamente de cifras de fraude. Ibarra, quien ocupó durante 15 años (de febrero de 1989 a febrero de 2004) la máxima responsabilidad en la Inspección Fiscal en Vizcaya, se enfrenta a cinco delitos: prevaricación, falsificación, infidelidad en la custodia de documentos, desobediencia y cohecho. Por todos ellos, la Fiscalía le pide 11 años de cárcel y una multa de más de 800.000 euros.

"Es la única vez que me ha pasado esto", dijo un inspector al retirarle un caso

El papel de los asesores fiscales ha quedado seriamente cuestionado

El ente foral ha ido variando su criterio tras cesar hace siete años a Ibarra

Los testigos han alabado la labor de los otros tres imputados

Tres subordinados suyos (el ex inspector José Luis Silvestre, ya jubilado, el subinspector Joaquín Tebar y la jefa de Documentación Fiscal Valvanera Canal), se encuentran con una solicitud de ocho años de prisión por presunta colaboración. El juicio, con la fase de testimonios concluida, culmina la próxima semana con los informes periciales y las conclusiones de cada parte.

"Pudimos ver que había un montaje por 4.500 millones de pesetas [27 millones de euros] que, a través de un sistema de ventas cruzadas, consiguieron que no se declarase nada a Hacienda". La declaración fue del ex inspector de la Hacienda vizcaína, Miguel Ángel De la Fuente, que ahora trabaja en la Agencia Tributaria estatal, y que ha sido uno de los más contundentes. La acusación se dirigió contra las compañías de un empresario vinculado al PNV, Lorenzo Mendieta, situado en el origen de este caso. Las trabas a las investigaciones de sus empresas, denunciadas por el inspector José Suárez, motivaron el inicio de la investigación en 2003 por la Fiscalía Anticorrupción.

Fue Suárez -también declaró en la vista- quien disparó directamente contra la Hacienda al acusar de dejar prescribir 4,2 millones de fraude de las empresas de Mendieta. La paralización de investigaciones es otra de las irregularidades de las que han hablado los testigos. "Es la única vez que me ha pasado esto [en 13 años en su puesto]", afirmó el inspector Andoni Ziorraga al relatar que le retiraron de la inspección a la empresa Abaroa, por orden de Juan Ramón Ibarra.

El papel de los asesores fiscales ha quedado seriamente cuestionado. El profesional Iñaki González, incluido en el listado de contribuyentes supuestamente protegidos por Ibarra, pagó una deuda días antes de que la Hacienda foral le notificase el inicio de una inspección. "Nadie me avisó", se defendió González. Una afirmación nada coincidente con la del director de Hacienda cuando se destapó el escándalo, Javier Muguruza. Acusó a él y a otro asesor, Fernando Gómez, de connivencia con Ibarra y mostró su convencimiento de que el ex jefe de la Inspección Fiscal les avisaba con antelación de que serían investigados.

"Me llama la atención que sistemáticamente nunca apareciera en los planes de inspección el asesor Fernando Gómez", declaró. Muguruza, que se basó en una extensa documentación que fue leyendo, ha protagonizado el testimonio más contundente con Ibarra. Dijo que el listado protegido de Ibarra impedía investigar a sus integrantes y aportó datos de la desobediencia (uno de los cinco delitos imputados a Ibarra) del principal imputado. "La orden a Ibarra de la retirada de la lista fue clara y tajante. Cuando llegó [a las oficinas de la Hacienda] la Policía en marzo de 2004 hice el ridículo al decirles que se había borrado. Todavía existía".

Unas acusaciones que en nada se parecen a la postura del actual y anterior máximos responsables de la Diputación vizcaína. El diputado general José Luis Bilbao mantuvo, en su declaración el pasado martes, unas tesis muy similares a las del abogado defensor de Ibarra. La Diputación, que hace ocho años destituyó de su cargo a Ibarra y le ha dejado apartado en Hacienda sin prácticamente ninguna labor, ha ido cambiando su criterio. Primero el pasado año, pocos días antes del escrito de acusación de la Fiscalía, se retiró de las actuaciones porque no veía ninguno de los cinco delitos. "Fue un informe a motu proprio de los letrados [externos]", justificó José Luis Bilbao. Y, durante la instrucción, como recordó la fiscal jefe Carmen Adán, se fue adhiriendo a todas las peticiones de sobreseimiento del caso realizadas por la defensa de Ibarra. "No lo recuerdo", respondió el diputado general. E intentó que volvieran a declarar otra vez los más de 200 testigos, una iniciativa con la que buscaba dilatar la investigación.

Sobre los otros tres funcionarios imputados, apenas referencias durante las 15 jornadas el juicio celebradas. En las declaraciones de los testigos, si algo ha habido es alabanzas a su gestión. El ex director de Hacienda Javier Muguruza aseguró que, aunque se trataba "de una percepción subjetiva", estaba convencido de que actuaron de "buena fe". La fiscal jefe cree, en cambio, que ayudaron a Ibarra con su listado protegido. Las preguntas de la fiscal sobre los tres subordinados han llegado a motivar los abucheos y reproches del público que han acudido a diario a la Audiencia de Vizcaya, con un perfil fiel de ex funcionarios de la Hacienda. También actuales trabajadores de la Inspección han presenciado algunas jornadas tras pedir permisos. E Ibarra, a su vez, ha estado continuamente arropado por su familia, con alguno de sus hijos siempre sentado en la primera fila, justo detrás del banquillo de acusados.