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Análisis:ANÁLISIS

Legalizarles y vencerles

Sabemos que la violencia terrorista con la que hemos convivido nos tiene malheridos y deberán pasar años para superar sus terribles secuelas. Ha sido y todavía es tanto y tan profundo el dolor, la rabia, la decepción que el terrorismo ha causado que no es de extrañar que ante el hecho relevante de la creación de Sortu, y su petición de legalización, la mayor parte de las reacciones y de los análisis que se están produciendo acaben por olvidar, en mi opinión, que en la entraña de la cuestión que se ha de resolver está, nada más y nada menos, que la efectividad de un derecho fundamental: el de la participación política, sin el que sería imposible hablar de ese valor supremo del pluralismo sobre el que descansa todo estado democrático. Y esta cuestión en absoluto es un asunto político, sino esencialmente jurídico, que solo puede ser debidamente resuelto partiendo de criterios y parámetros estrictos de índole constitucional.

Si se produce la legalización, será el triunfo y no la derrota del Estado de Derecho

La deslegitimación y derrota de todo lo que significa ETA corresponde a los ciudadanos

Desde mi limitado conocimiento jurídico considero que Sortu cumple los requisitos legales para ser reconocido e inscrito como un nuevo partido político, y solo una prueba exhaustiva y completa, basada en datos objetivos y no en opiniones o meras sospechas por muy vehementes que sean, de que es el continuador o sucesor de Batasuna, podría justificar la denegación de lo solicitado. Creo, también, que esa continuidad tiene que desprenderse de un conjunto de coincidencias o similitudes de distinta naturaleza sin que, por ejemplo, la concurrencia de un elemento de continuidad personal sirva por sí solo para presuponer que estamos ante una simple sucesión de Batasuna. Entiendo, además, que la interpretación de la norma y la valoración de los hechos se tienen que hacer del modo que se favorezca la mayor efectividad del derecho fundamental en juego que, por otro lado, está vinculado al no menos fundamental de la libertad de conciencia, que se niega si no existe la libertad de asociación. Pero esta opinión, como cualquier otra en Derecho, puede que no sea la mejor fundada, y en breve sabremos lo que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional deciden. Lo que sí tengo muy claro es que si se produce la legalización, estaremos ante el triunfo y no la derrota del Estado de Derecho.

Quienes temen que una eventual legalización pueda suponer la derrota de la democracia, han de recordar que la grandeza de ésta, y, desde luego, su fortaleza, radica precisamente en la aceptación de que para su defensa no vale todo. La aparición de Sortu es ya un triunfo de nuestro Estado de Derecho. Y sólo podremos pensar en una derrota del mismo si la decisión, sea la que sea, se adopta forzando la interpretación del ordenamiento jurisdiccional o constitucional, ya sea por consideraciones éticas o morales, ya sea por razones discrecionales de oportunidad o conveniencia política, de manera que se diluyan o se exacerben las restricciones explícitas del derecho fundamental y básico que ese ordenamiento ha establecido. Tampoco puede influir en la decisión el miedo a que una vez legalizado el partido se actúe luego contra el propio sistema democrático, porque ya la Ley tiene prevista la manera de reaccionar ante ese supuesto y, sobre todo, porque nunca una democracia debe solucionar los problemas o conflictos que el ejercicio de los derechos y libertades básicos plantee mediante su restricción excesiva y desproporcionada. Para que se me entienda: al igual que deseo vivir en un sistema que prefiere el riesgo de que muchos culpables estén libres antes de que un solo inocente esté preso, elijo correr el riesgo de que un partido esté legalizado, aunque sospeche que quiere socavar el sistema de libertad al que se acoge, en vez de, por esa sospecha, impedir la efectividad plena de un derecho fundamental.

Hay muchos también que creen que la legalización de Sortu, sin que previamente se condene todo el horror y se reconozca todo el daño que hasta hoy ha ocasionado ETA, supondría tanto como legitimar el proyecto totalitario que han querido imponer y pervertir el relato histórico de lo sucedido en estas décadas. Yo no lo veo así, aunque comprendo que este temor exista, sobre todo en aquellos con los que más directa y personalmente se ha cebado el terrorismo. Precisamente porque la legalización solo se podrá decretar si los tribunales llegan a la convicción de que no hay continuidad o sucesión de Batasuna ni vinculación con ETA, sino un proyecto nuevo sometido a la Constitución y a la Ley de Partidos, es obvio que si se produce en modo alguno se legitima todo lo anterior.

Por otro lado, hay algo en toda esta situación que conviene repetir hasta la saciedad: la deslegitimación y la derrota de todo lo que representa ETA y su entorno, y de todo lo que defiende o pueda defender el nuevo partido, nos corresponde a los ciudadanos, y no depende en modo alguno de la legalización o ilegalización de ese partido. Es con nuestra actitud y con nuestra actividad como ciudadanos, en todos los ámbitos en los que se organiza una sociedad democrática, con la que cada día estaremos deslegitimando y derrotando ese proyecto y con la que podremos imponer un relato justo y veraz de lo que hemos vivido. Es en las urnas donde debemos vencer los demócratas. A mí no me gusta lo que Sortu propone, y tampoco me fío de todo aquello que ahora dicen. Y como ciudadano les combatiré con mi palabra donde corresponda y no les votaré. Pero en esa batalla no quiero, bajo ningún concepto, renunciar a mis convicciones sobre el modo en que debe de funcionar el Estado de Derecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de febrero de 2011