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El Gobierno exige a las cajas un 'plan B'

El decreto obliga a las entidades a vender activos, redes de oficinas y a acudir a las ayudas públicas si no consiguen levantar capital o remachar con éxito la salida a Bolsa

Las cajas siguen ganando tiempo. Y a la vez, el Gobierno sigue estrechando el cerco: la letra pequeña de los últimos cambios normativos da -aún más- las riendas al Banco de España y al Ministerio de Economía en un momento crítico para el sector, y la música indica con claridad que el modelo general será bancario; son malos tiempos para las cajas, muy castigadas por el reventón inmobiliario. El real decreto de reforzamiento del sistema financiero se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado y de su lectura se extraen varias claves sobre el futuro de las cajas con problemas. Se confirma que los plazos para la reforma serán más holgados de lo previsto -si todo va bien: si no hay nuevas réplicas de la crisis europea, a las puertas de Portugal-, pero el decreto contiene varias novedades de calado para dejarlo todo atado y bien atado en el caso de que las entidades no consigan captar por su cuenta suficiente dinero para cumplir los nuevos, y duros, requisitos de capital.

La normativa da aún más poder al Banco de España para pilotar la reforma

La CECA cree que el plan es "muy duro", pero despeja algunas incógnitas

Se trata de un plan B en toda regla. El plan A es conocido: el Banco de España determinará la situación de cada entidad el 10 de marzo; quienes incumplan las exigencias de capital (8% con carácter general, 10% en algunos casos) deberán presentar un plan y a finales de septiembre llegará el examen final, aunque quienes estén rozando el límite dispondrán de tres meses más, y quienes salgan a Bolsa hasta la primavera de 2012. En definitiva, plazos sensiblemente más dilatados de lo previsto, como querían las cajas. Pero nada es gratis: si finalmente no consiguen levantar suficiente capital o no completan con éxito la salida a Bolsa, el Banco de España obligará a las entidades con problemas a poner en marcha "medidas alternativas". El plan B pasa por vender activos -la cartera de participadas, por ejemplo-, redes de oficinas o acudir sin más dilación al dinero público del fondo de rescate (FROB), lo que conlleva inmediatamente su conversión en bancos. Eso, la conversión de cajas en bancos, es el nuevo mantra del sistema financiero español, aunque el Gobierno ha evitado la obligatoriedad para evitar acusaciones desde las procelosas aguas de las cajas.

El Ejecutivo y el Banco de España han señalado con claridad hacia dónde deben encaminarse las entidades que deban acometer planes de recapitalización con ayudas públicas. Las cajas más tocadas deberán, por un lado, reducir los costes de estructura: el sector se sobredimensionó en los años de la burbuja inmobiliaria y ahora debe acometer una profunda reconversión industrial. Eso pasa por vender o cerrar sucursales, y en muchos casos por reducir plantilla. Además, quienes acudan al dinero público deberán adoptar "medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo". El real decreto viene a decir con sutileza lo que, en plata, supone reducir los estrechos vínculos de las cajas con la política, uno de los flancos más débiles del sector.

Pero hay más. En general, el decreto deja en manos del Banco de España la llave del futuro de las cajas. El gobernador, Miguel Fernández Ordóñez, será quien decida si las entidades pueden ampliar o no los plazos para capitalizarse, sin que los criterios estén claramente definidos. Además, el Banco de España podrá limitar la obra social de las cajas, los dividendos de los bancos e incluso los bonus de los ejecutivos "cuando las entidades no alcancen los niveles de solvencia exigidos", en lo que parece un mensaje claro y directo para Caja Madrid, en plena polémica por esos bonus. Esa medida se activará en caso de que los colchones de capital estén hasta un 20% por debajo de los exigidos; si la diferencia es mayor se trata de una falta muy grave, que puede dar lugar a la intervención del Banco de España.

La norma publicada ayer establece también un sistema de rescate para las cajas rurales y demás cooperativas de crédito que, curiosamente, será el que estaba en vigor hasta ahora para las cajas. Es decir, recibirán inyecciones del FROB sin necesidad de transformarse en bancos.

El diablo está en los detalles, y los detalles dejan en agua de borrajas algunos de los objetivos originales del Gobierno. Aunque los documentos iniciales que barajaba Economía decían que las entidades que recibiesen ayudas deberían fijar "objetivos de evolución del crédito a familias y empresas", finalmente la norma será menos ambiciosa: solo se obliga a dar más crédito a las pymes; no a familias ni a grandes empresas.

La vicepresidenta Elena Salgado hablaba sin ambages el viernes pasado de la mayor reforma del sistema financiero español. Para los afectados así lo parece: el vicepresidente de la patronal CECA, Amado Franco, aseguró ayer que el decreto es "muy duro" y "discriminatorio" con las cajas, si bien despeja algunas incógnitas sobre el futuro de estas entidades, que en las últimas semanas se han visto envueltas en una nube de especulaciones. "No creo que las cajas desaparezcan, pero estamos en un momento de refundación", subrayó.

Para los expertos consultados, sin embargo, persisten varias incógnitas. "Se trata de un decreto basado en el optimismo, que deja aún mucho tiempo a las cajas para reestructurarse con la confianza de que todo va a salir bien, de que la economía va a seguir recuperándose y la crisis europea no va a volver a golpear: veremos", sostiene Santiago Carbó, asesor de la Fed. "Y sigue sin quedar claro cómo van a asumirse las pérdidas derivadas del pinchazo inmobiliario para dejar limpios los balances, y cómo se va a obligar a profesionalizar los órganos de gobierno de las cajas, dos aspectos que pesan a la hora de ir a buscar capital a los mercados", remacha.

En el fondo, lo que de verdad queda por dilucidar es el futuro de las entidades que despiertan mayores dudas en los mercados: la fusión de las cajas gallegas, las de Cataluña (Unnim y CatalunyaCaixa), Castilla y León y la liderada por Caja Madrid, junto con algún banco mediano. "Está por ver cómo se resuelven las entidades peor colocadas, y no queda mucho margen", cierra Antonio García Pascual, de Barclays Capital.

Más límites

- El Banco de España tendrá en su mano imponer restricciones a la obra social, los dividendos, las remuneraciones variables de los directivos, la retribución de las participaciones preferentes y la recompra de acciones cuando el nivel de insuficiencia de capital de las entidades sea de hasta el 20% de los niveles exigidos.

- El real decreto fija la definición de capital como 'common equity tier 1', que no coincide exactamente con la de las reglas de Basilea III. Y anticipa a finales de este año o primavera de 2012 las exigencias que la banca del resto del mundo deberá cumplir desde 2013.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de febrero de 2011

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