La Generalitat y la mayoría de partidos deplora el cierre de TV-3 en Valencia

El cierre de los repetidores de TV-3 en Valencia provocó ayer una tormenta política tanto en esa comunidad como en Cataluña. El Gobierno catalán y todos los partidos, salvo el Partido Popular y un ambiguo Ciutadans, culparon al presidente Francisco Camps de inducir al cierre de los repetidores de la red de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) después de 26 años de emisión ininterrumpida. La ACPV asumió la decisión al no poder pagar la lluvia de multas que le ha impuesto Camps. Con la nueva ley del PP, si seguían las emisiones, las sanciones podían ascender a 60.000 euros cada 15 días.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, pidió "sentido común" a Camps y apreció electoralismo en su decisión. Artur Mas no entrará "en politiqueos". "La reciprocidad es lo más sencillo", señaló Homs, quien recordó que en uno de los múltiplex por los que emite TV-3 en Cataluña, hay un canal para Canal 9 por si desea transmitir su señal. Pero no lo hace y en su lugar se emiten barras de colores.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez, justificó el cese de las emisiones señalando que "no se ajustaban a la legalidad". "No se trata de un cierre ni de una censura", dijo para atribuir al Ejecutivo la responsabilidad de lo ocurrido al no conceder al Consell un tercer multiplex, la condición que fijó para firmar un acuerdo de reciprocidad con Cataluña. Sánchez añadió que la censura la ha sufrido la web de la Generalitat, objeto de un ciberataque que tachó de "casi terrorista".

La mayoría de partidos condenó la postura del PP y le culpó de cometer un atentado contra el catalán. Oriol Pujol (CiU) lamentó el ataque sistemático del PP al catalán y la portavoz de ICV-EUiA lo definió de "asedio". Anna Simó, de ERC, acusó al PP de atizar la "catalanofobia" para tapar "el caso Gürtel. Y Solidaritat Catalana, el partido de Joan Laporta, habló de "genocidio cultural". Ciutadans defenderá, por su parte, una propuesta en el Parlament para que las televisiones autonómicas se puedan ver en toda España. Y el Sindicato de Periodistas (SPC) culpó a Camps de "mubarakea", en alusión al presidente egipcio Hosni Mubarak, que prohibió las emisiones de Al-Jazeera durante la revuelta en su país. El PP catalán se quedó solo en defensa de Camps. El diputado Enric Millo, reiteró los argumentos de Sánchez y descartó que Camps actúe por razones "políticas y discriminatorias". "Entendemos que si hay alguien emite ilegalmente sea considerada una emisora pirata y debe cerrarse", afirmó.Acció Cultural del País Valencià, promotora de los repetidores que han permitido ver TV-3 en Valencia durante 26 años, culpó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del cese de las emisiones. El alto importe de las multas que le ha impuesto el Consell (127.000 euros ya pagados más 600.000 que Acció Cultural debe abonar antes del 20 de marzo) y la amenaza de una sucesión de nuevas sanciones (120.000 euros al mes, con carácter indefinido) llevaron a la entidad a apagar los repetidores el jueves.

Las críticas llovieron sobre el Consell desde la comunidad autónoma y partidos e instituciones del ámbito lingüístico catalán, mientras las webs del Consell y el PP regional sufrieron ataques atribuidos al grupo de ciberactivistas Anonymous.

Acompañado de representantes políticos, CC OO, UGT y de asociaciones cívicas, Eliseu Climent, presidente de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), vinculó el apagón a los problemas judiciales de Camps: "Uno de los motivos fundamentales es utilizar el cierre de TV-3 como pantalla frente a las acusaciones que pesan sobre su persona como imputado en un caso relacionado con la trama Gürtel". Climent censuró que el Consell niegue a los valencianos una televisión en su lengua, pidió al PP que sustituya a Camps como candidato a la Generalitat y adelantó que pese al apagón seguirá trabajando para que pueda verse TV-3, porque la larga disputa jurídica de fondo no se ha cerrado. El Supremo aún debe pronunciarse y Climent tampoco descarta acudir a "otras instancias europeas".

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, hizo un llamamiento para dar con una solución razonable: "Se ha de encontrar una forma de compartir las televisiones en la era de la globalización. Todas las televisiones sostenidas con fondos públicos se deben poder ver. No se trata solo de reciprocidad, sino de multireciprocidad". Casi todas las demás declaraciones fueron más subidas de tono: "El cierre de TV-3 es el auto de fe inquisitorial del PP" (Marga Sanz, EU). "Es un indicador del estado de la democracia en este territorio, donde el PP gobierna como en una dictadura" (Enric Morera, Bloc). "Constituye una agresión a la pluralidad informativa y a la libertad de expresión" (Intersindical).