Otro diputado foral de Hacienda defiende también la labor de Ibarra

Si la víspera fueron los dos últimos diputados generales vizcaínos -José Luis Bilbao y su predecesor, Josu Bergara-, ayer Juan Ramón Ibarra vio cómo le defendía también el primer director de Hacienda que tuvo y que luego sería diputado foral, Iñaki Goiri. En el juicio que se sigue en la Audiencia de Vizcaya contra Ibarra, exjefe de la Inspección Fiscal, y otros tres funcionarios por supuesto trato de favor a contribuyentes, Goiri testificó ayer que no recibió quejas por el comportamiento de aquel y que "nunca" tuvo constancia de irregularidades en su labor.

Goiri dirigió la Hacienda vizcaína entre 1987 y 1992. Entre este último año y 1995 ascendió a diputado foral de ese área. Ibarra fue el máximo responsable de la lucha contra el fraude fiscal en Vizcaya entre 1989 y 2004, cuando fue destituido al iniciarse la investigación judicial de esta causa. "Podemos estar orgullosos de que en esa época nunca se cerró una empresa" por las deudas que tuviera con la Hacienda, afirmó el exdiputado.

Socialistas y EB censuran a Bilbao por su testimonio en la vista

Goiri, a quien algunos inspectores fiscales han atribuido una orden dada en esa época para no investigar a notarios, negó ayer rotundamente estas acusaciones: "Es totalmente falso. Nunca jamás por mi parte se dio esa orden".

También declaró ayer Carlos Royuela, director de Hacienda los tres años en que Goiri fue diputado foral. Apuntó igualmente que no hubo "queja ni crítica" al trabajo de Ibarra. "Tuvimos muchas tensiones porque era una época de crisis y se necesitaba recaudar, pero no quejas", remarcó.

La situación de las empresas de Lorenzo Mendieta, empresario vinculado al PNV y uno de los nombres que figura en el listado de Ibarra de contribuyentes supuestamente protegidos, volvió a plantearse en la sesión de ayer. Es un personaje clave, pues las trabas a la investigación a sus empresas fueron el punto de partida de la investigación de este caso que la Fiscalía Anticorrupción abordó en 2003. Tras las acusaciones de dos inspectores de que Ibarra tapó, en beneficio de Mendieta, un fraude de 24 millones de euros y que Hacienda dejó prescribir 4,2 millones, el asesor fiscal del empresario, Jaime Trebollé, rechazó cualquier trato de favor. Relató que la deuda de nueve millones de euros reclamada inicialmente por Hacienda quedó en cerca de cuatro. Explicó que la Inspección "no descubrió nada" y que las declaraciones realizadas por su cliente eran "veraces y completas".

Trebollé afirmó que solo había "una interpretación jurídica distinta" y rechazó la simulación de ventas de la que hablaron los inspectores que realizaron la investigación de las empresas de Mendieta.

La herencia de Juan Ramón Ibarra también fue tratada de nuevo. Es otro de los elementos fundamentales de la causa, ya que el principal imputado se basa en ella para explicar la existencia de 337.000 euros en su patrimonio sin justificar. Para la fiscalía, en cambio, supone la prueba del delito de cohecho (soborno) del exjefe de la Inspección Fiscal. En su declaración del primer día del juicio, Ibarra afirmó que ese dinero se lo dio su padre en billetes que tenía guardados en su casa y que se lo devolvió en 2003 "de una vez y en billetes de 500 euros". "No dije nada a mi familia", afirmó.

Su cuñado, Eduardo Cobanera, declaró ayer en la vista que el dinero negro del padre de Ibarra "era un tema conocido en la familia". Aseguró que él también recibió dinero de su suegro, en concreto 36.000 euros, para la compra de un piso en el primer trimestre de 2003. "Se lo pedí a Juan Ramón y lo devolví en septiembre" de ese año.

Las declaraciones en el juicio de José Luis Bilbao motivaron ayer la crítica de varios partidos vizcaínos. José Ferrera, de EB, pidió que el diputado general comparezca en las Juntas para que explique "la coincidencia premeditada" de la postura de la Diputación con la defensa de Ibarra. Agregó que las palabras de Bilbao suponen "el reconocimiento de la inocencia del imputado" y la "rectificación" de las decisiones adoptadas, "incluida la suspensión en el cargo de Ibarra". El socialista José Antonio Pastor censuró la falta de "humildad" y la "prepotencia" del diputado general por "decir que no hay daño patrimonial" para la Hacienda vizcaína.