Trabajo y comunidades mejorarán el control sobre los parados

En 2009, con casi cuatro millones de parados registrados unos 1.500 perdieron su prestación por rechazar empleos o cursos. ¿Por qué? Hay dos motivos básicos: el primero, y más importante, es que los Servicios Públicos de Empleo apenas dan abasto para ofrecer formación y puestos de trabajo a los desempleados; el segundo, la coordinación y la información entre las comunidades y el Ministerio de Trabajo no funciona. Precisamente este último punto es uno de los que se busca mejorar con la reforma de las políticas activas que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana.

"La gestión de esta prestación se desarrollará mediante sistemas de cooperación con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas", reza una frase que se añade a la actual ley de empleo, el texto que se va a reformar para cambiar las políticas activas de empleo.

El anteproyecto de ley, de 28 páginas, todavía no es definitivo y se está negociando con los agentes sociales y los partidos. En él se contempla, la creación de un catálogo de servicios de empleo por parte de Trabajo y las comunidades al parado. En ese menú, el Estado se compromete a elaborar un itinerario de inserción laboral para cada parado (que se implantará progresivamente hasta 2013).

El itinerario marcará la trayectoria a seguir por el desempleado para encontrar trabajo en el menor tiempo posible (qué tipo de formación, motivación para el autoempleo, orientación...). Otro de los cambios decisivos atañe a la colaboración en la intermediación laboral y las políticas activas entre los Servicios Públicos de Empleo y las agencias privadas de colocación.