El Poder Judicial tacha de inadmisibles las críticas de Barberá

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, consideró ayer "inadmisibles" las recientes declaraciones de Rita Barberá en las que la alcaldesa de Valencia puso en duda la independencia de jueces y fiscales a raíz del agravamiento de los procedimientos judiciales que se siguen contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y contra su concejal de Urbanismo, Jorge Bellver. "Hay que pedir respeto institucional, sobre todo por parte de quienes ejercen responsabilidades políticas", afirmó Bravo.

"Desde el más absoluto respeto" a las críticas que pueda dirigir cualquier ciudadano o dirigente político hacia las resoluciones judiciales, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró inaceptable que se plantee un ataque al conjunto de los miembros del poder judicial, cuyas actuaciones han sido esenciales en los últimos 30 años de Estado democrático. Declaraciones como las de la alcaldesa, añadió Bravo, "repercuten seriamente en la salud democrática de nuestro país y generan mucha desconfianza a los ciudadanos".

Barberá, como otros miembros de la cúpula del PP valenciano, ha atacado en los últimos días con inusitada agresividad a los fiscales e incluso a los jueces, dudando de las razones que mueven sus decisiones y llegando a plantear, como en el caso de la alcaldesa de Valencia, que resulta necesario "darle una vuelta a la independencia de la justicia".

Coincidencias

Las críticas coinciden con el avance de los casos de Bellver y Camps. En el primero, el concejal de Urbanismo de Barberá se enfrenta a una petición de ocho años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación: haber concedido una licencia de construcción de forma irregular a sabiendas de que así era. El juez ya ha decretado la apertura de juicio oral contra el concejal. Camps, por su parte, ha sido acusado por el ministerio público de un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido regalos de la trama corrupta Gürtel por valor de 14.021 euros.

La reacción a la descalificación de la justicia no llegó solo desde el CGPJ. En Sevilla, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, lo consideró "querellable objetivamente". Y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo agregó: "Decir que se les enjuicia porque son del PP es una irresponsabilidad que poco a poco va minando las bases de la democracia".