Gobiernos y expertos se enquistan en el debate sobre la cláusula de garantía

Pocas medidas generan posiciones tan encontradas como las cláusulas de garantías salarial. La propuesta alemana es, en este punto, transparente: hay que eliminar la relación automática de la subida salarial con la inflación. Y la respuesta de algunos dirigentes europeos, con los líderes de Luxemburgo y Bélgica a la cabeza, más clara aún. "Rechazamos la eliminación de las cláusulas de revisión salarial, no es la manera de mejorar la competitividad", replicó el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Junker.

Hasta ahora, el Gobierno español, mucho más necesitado de que el fondo de rescate se amplíe, ha optado por un perfil bajo en su rechazo, compartido también por otros países, como Austria, Finlandia o Polonia, con medidas similares. "Si el ministro de Trabajo, empresarios y sindicatos están de acuerdo en que la cláusula exista, seguirá existiendo", afirmó hace unos días la vicepresidenta económica, Elena Salgado

No conduce a nada señalar a Alemania como si fuera el villano de los desequilibrios

En España, los salarios han subido demasiado y la productividad laboral acumula retraso

Entre los expertos, el debate está tan o más enquistado. "La cláusula es un residuo, España es el último país importante que la tiene", cargó esta semana el director del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina. En una línea similar, se expresa el economista jefe del BBVA para España, Rafael Doménech: "Los salarios deben vincularse a la productividad, cuando están vinculados a los precios alimentan espirales inflacionistas". Doménech, como antes hizo un estudio del Banco de España, reparte casi a partes iguales el diferencial de inflación de España con la zona euro entre el exceso de alza salarial y de los márgenes empresariales. Pero achaca a medidas como la cláusula de garantía que ese diferencial persista.

En España, la cláusula de garantía salarial permite a los trabajadores recuperar la pérdida de poder adquisitivo por una subida de la inflación mayor de lo previsto en los convenios. Hasta la crisis, esa inflación prevista se fijaba en el 2%; con el acuerdo de moderación salarial pactado por los agentes sociales se ha generalizado el 1% como referencia. Pero el impacto del paro en las negociaciones ha meguado también su uso. Si lo usual era que cubriera al 70% de los trabajadores con convenio, en 2010 dio cobertura al 46%, apenas 3,2 millones de personas.

La paradoja de 2009

"La cláusula ha contribuido a la moderación salarial de forma decisiva", rebate José Ignacio Pérez Infante, responsable del Observatorio de la Negociación Colectiva. Pérez Infante arguye que los convenios con clásula de garantía recogen menores subidas salariales iniciales que el resto de convenios. "Cuando la inflación se desvía de lo previsto, la aplicación de la cláusula es un efecto, no la causa de esa inflación", insiste. El profesor de la Universidad Carlos III admite que esta forma de negociación puede presentar "rigideces puntuales", como ocurrió en 2009, cuando en plena recesión y con los precios a la baja, los salarios crecieron casi un 3%. "Pero se corrige de forma inmediata", asegura. En 2010, el aumento salarial (2,1%) vuelve a alinearse con la inflación media (1,8%).

"A medio plazo, el aumento de la productividad pasa por mejorar la eficacia en cada sector y por moverse a sectores más productivos, pero ahora hay que afrontar los desequilibrios acumulados en los últimos años", insiste Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigación Económica.

Pérez recalca que la cláusula de garantía salarial y la ganancia de poder adquisitivo no impidió que las rentas salariales perdieran peso respecto a los excedentes empresariales. "Y eso ocurrió porque, en la época de expansión, la inversión creció a un ritmo aún mayor que el empleo", añade. En su opinión, tan relevante para ganar eficacia ahora es que baje el precio de los activos sobrevalorados (financieros e inmobiliarios), como la remuneración de los asalariados. "Es una situación complicada para Europa, pero más para España, que no está especializada en manufacturas de alto valor añadido", avisa.