Recoder proyecta suprimir estaciones de la línea 9 de metro

El responsable del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, lanzó ayer un aperitivo de sus planes en infraestructuras. En una conferencia, ofrecida en el Círculo de Infraestructuras, aseguró que hasta la semana que viene, que comparece en el Parlament para explicar las líneas básicas de sus proyectos, no explicará qué pasará con cada tema pendiente. Aun así, dejó claro que el Plan Director de Infraestructuras 2020 no se llevará a cabo como se presentó en 2009. "Me siento incapaz de garantizar una inversión de 100.000 millones de euros", dijo. El primer recorte se lo llevará, probablemente, la línea 9 del metro de Barcelona.

"No hay nada descartado ni definido", aseguró antes de reconocer que se están valorando opciones para reducir el gasto de la infraestructura suburbana. No es fácil reconducir la obra, se excusó, porque "tiene detrás un ejercicio de ingeniería financiera digna de estudio en las escuelas de negocio". Entre las modificaciones más factibles indicó la de reducir el número de paradas, "que según el plan actual serán cincuenta y pico en 20 kilómetros, y por tanto, muchas separadas por solo 500 metros". La idea sería preparar el túnel para su existencia, pero inicialmente poner en marcha solo algunas de las estaciones. Otra propuesta que se está valorando es la de parar o ralentizar alguna de las tuneladoras, lo que supondría un "ahorro importante".

El consejero prepara un plan director de infraestructuras con menos inversiones

El tijeretazo de Recoder no se quedará en el metro. De hecho, según señaló ayer, el recorte de presupuesto en el departamento será severo: "No será del 10%, sino que, en la práctica, será del 27%", porque con el dinero del que dispondrán, tras el recorte del 10%, tendrán también que destinar otro 17% para "hacer frente a muchos vencimientos pendientes". Los compromisos corresponden, según señaló, a pagos comprometidos por el sistema alemán (o peajes en la sombra), por el que una empresa privada se encarga de construir una infraestructura y, a cambio, la Administración paga un canon anual por el uso que los ciudadanos hacen de ella. "Las colaboraciones público-privadas son buenas, porque sirven para hacer frente a infraestructuras en momentos de liquidez complicados, pero tienen un problema, y es que los pagos vencen" y suponen una "carga presupuestaria importante", valoró. Aun así, seguirán recurriendo al sistema solo para obras necesarias y positivas a largo plazo.