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El juez investiga la supuesta venta de licencias urbanísticas en Ayamonte

Las pesquisas se centran en la zona de Isla Canela entre 2004 y 2005

Los posibles delitos urbanísticos que se investigan en el Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) y que provocaron el registro del Consistorio el pasado martes podrían esconder una trama de compra y venta de licencias de construcción, además de prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio. Fuentes cercanas al caso revelaron ayer que las posibles irregularidades urbanísticas detectadas derivarían de la denuncia interpuesta en 2009 por parte de un ciudadano anónimo, del PP y de Ecologistas en Acción a causa de un residencial construido en zonas verdes de Isla Canela, el núcleo costero perteneciente al municipio de Ayamonte.

La causa se archivó el año pasado al considerarse que podría tratarse de un fraude pero no de prevaricación. Sin embargo, en el curso de la investigación, surgieron otras posibles vías relacionadas con otras parcelas y otras viviendas irregulares.

El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, reconoció ayer que el hallazgo de "hechos distintos a la causa principal, susceptibles de investigación, también urbanísticos y bastante sospechosos". Flores, sin embargo, no reveló detalles al haberse decretado el secreto en las actuaciones. El fiscal declaró haberse sorprendido de que el juzgado de Ayamonte no informara a la fiscalía de la intervención por sorpresa del Ayuntamiento. Durante casi cuatro horas, varios agentes recogieron más de 30 cajas con documentos relativos a movimientos urbanísticos en Isla Canela, desde 1993 hasta ahora. Fuentes del caso apuntan a que los supuestos delitos se habrían producido entre 2004 y 2005. La trama podría afectar, por tanto, al equipo de gobierno anterior, el de Rafael González (PSOE).

En los últimos cuatro años no se han concedido licencias para la construcción de residenciales en la zona que se está investigando. Las actuaciones se encuentran en la fase de diligencias previas y no hay detenidos. De probarse las sospechas primeras, se podría formular una acusación por cohecho pero, de momento, no hay pruebas que demuestren los supuestos pagos. Por otro lado, desde Ayamonte apuntan a otras posibles irregularidades por parte de la promotora Isla Canela S.A en los residenciales construidos en Las Garzas, Las Marismas, Los Pelicanos y Las Arenas.

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