De un intento de soborno a una trama de falsos prejubilados y "hombres de paja"

Una grabadora oculta en una chaqueta fue el origen del mayor caso de corrupción que la policía investiga ahora en Andalucía. A comienzos de 2009 un empresario hostelero grabó la exigencia de 450.000 euros como comisión ilegal que supuestamente le hizo Fernando Mellet, ex director de la empresa pública Mercasevilla, participada por la sociedad estatal Mercasa y el Ayuntamiento sevillano.

Tras esa reunión, el empresario abandonó las negociaciones para crear una escuela de hostelería, llevó la cinta a la Junta de Andalucía, y el caso acabó en los juzgados. Dos años después, la causa ha trascendido las corruptelas municipales hasta destapar una red de al menos 11 personas que se benefició de numerosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a través de falsos prejubilados repartidos por toda la comunidad.

La juez imputó a cuatro personas por el soborno fallido que desencadenó el caso, entre ellos un ex delegado de la Consejería de Empleo. La investigación aclaró la nefasta gestión de la cúpula de Mercasevilla: tarjetas de crédito sin recibos, concesiones de becas y supuestos repartos de dividendos irregulares. Además, la instrucción indagó en una venta de suelos municipales que la juez considera "fraudulenta", ya que una constructora ganó el concurso público pese a que no presentó la mejor oferta. En esta línea de investigación hay una decena de imputados entre abogados, empresarios, políticos y técnicos.

El análisis de los dos ERE que atravesó Mercasevilla identificó a dos personas, una de ellas ex dirigente del PSOE en Baeza (Jaén), que nunca trabajaron en la empresa pública. A continuación, la magistrada amplió la investigación a todas las ayudas públicas concedidas desde 2001 y la policía ha descubierto una trama acusada de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación que obtuvo al menos 470.000 euros de manera ilícita, según la policía. Un ex director general de Trabajo, conseguidores y consultores se lucraron presuntamente a través de 37 "hombres de paja" utilizados para prejubilaciones anómalas.