Los niños perdidos hallan un juez

Isabel Agüera, de 49 años, creció escuchando decir a su madre que pensaba que su hermana menor -que supuestamente nació muerta en agosto de 1970 en el Hospital Civil de Málaga- estaba viva en realidad y que alguien la había apartado de su lado. "Era un comentario que hacía de forma esporádica, pero que a mí se me metió en la cabeza", recuerda. Hace siete años, esta vecina de Estepona inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hermana. Recorrió cementerios, hospitales, archivos y registros y recabó unos datos que no hacían sino apuntalar las sospechas de su madre. "Hice en solitario todos los trámites que las asociaciones recomiendan a las familias de niños robados. Cuando me asocié ya llevaba los deberes hechos", afirma.

"Mi felicidad será completa cuando se cree el banco de ADN", dice Agüera

El pasado junio y tras conocer una serie de casos similares al suyo en la bahía de Algeciras, Isabel llevó todos los documentos al fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales. El pasado 4 de enero, el fiscal Morales remitió al Juzgado Decano de Málaga las diligencias de investigación 187/2010, con lo que el caso de la hermana de Isabel se convierte el primero de toda España en estar tutelado por un juez.

La familia de Isabel procede de Guaro, municipio de la Sierra de las Nieves malagueña. Tras el nacimiento, los médicos del Hospital Civil le dijeron a la familia que la niña que esperaban había nacido muerta. "Mi padre estaba trabajando en Suiza y no llegó al parto, y mi tía vio a una niña pero no pudo saber si estaba viva o no".

Según Isabel, en el hospital comunicaron a la madre que la niña había sido enterrada en el cementerio de San Rafael -ya clausurado- "en la tumba de un señor muy rico", sin identificar junto a los pies de este. En el Registro Civil de Málaga, Isabel encontró un parte de defunción. Sin embargo, en los archivos del cementerio de Málaga no consta que en esas fechas se enterrara a ninguna niña recién nacida. "Fue algo terrible, pero en los años 70 la gente de los pueblos no se atrevía a pedir explicaciones a los médicos", afirma Isabel, sentada junto a su madre, María Vázquez, de 81 años.

En aquel parte de defunción, de 15 de agosto de 1970 se señalaba que la causa de la muerte de la menor era la rotura de la cicatriz de una cesárea previa que había sufrido la madre. Sin embargo, en otro documento médico, firmado por la matrona cuatro días después, se especificaba que el óbito se debió a la rotura de la bolsa amniótica.

Otro elemento de sospecha es que el ingreso de la mujer en el hospital para dar a luz está registrado el 27 de agosto, casi dos semanas después del parto. Con estos mimbres, Isabel considera que su hermana menor pudo ser víctima de una trama de venta de bebés.

"La investigación sigue y se considera que hay delito, pero mi felicidad por este paso solo será completa el día en que se cree el banco de ADN [de personas que buscan a familiares desaparecidos]", asegura Isabel Agüera. Esta es una de las principales demandas de la Asociación Nacional de Afectados por Donaciones Irregulares (Anadir), grupo que ha registrado unos 261 casos de niños perdidos -en algunos casos comprados por sus padres adoptivos- y que el pasado 27 de enero interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido dio instrucciones a todas las fiscalías provinciales para que investigaran los casos denunciados en sus demarcaciones aunque rechazó emprender una investigación centralizada, como pedía Anadir.