Irán esconde su patíbulo tras un muro de silencio

Me han prohibido hablar del caso", responde al otro lado del teléfono Jinoos Sharif Razí, la abogada de Zahra Bahramí, la mujer irano-holandesa que fue ejecutada la semana pasada "por tráfico de drogas". La hija de Bahramí ni siquiera tiene tiempo de responder. La línea se corta y no vuelve a enganchar. Como en otros muchos casos, las autoridades iraníes han levantado un muro de silencio en torno al caso. No quieren versiones diferentes de la oficial, mucho menos en un momento en que las organizaciones de defensa de los derechos humanos les acusan de estar intensificando la presión sobre la sociedad con un aumento de las ejecuciones, casi tres al día en lo que va de año.

"Zahra Bahramí, que fue condenada por vender y poseer droga, ha sido colgada el sábado a primera hora de la mañana", afirmaba el comunicado de la Fiscalía de Teherán difundido el pasado 29 de enero por los medios locales. Según esa versión, un tribunal revolucionario la condenó a muerte el pasado 2 de enero por "poseer 450 gramos de cocaína y 420 gramos de opio, y participar en la venta de 150 gramos" de la primera sustancia.

La historia que ha contado su hija, Banafsheh Nayebpour, es muy diferente. Bahramí, de 45 años, fue detenida en Teherán el 27 diciembre de 2009, cuando participaba en una manifestación contra la reelección de Mahmud Ahmadineyad, proclamada seis meses antes. Aunque la mujer vivía en Holanda, donde había adquirido esa nacionalidad, se encontraba en su país de origen para visitar a la familia. Como decenas de miles de iraníes, se unió a las últimas grandes protestas que coincidieron con la festividad religiosa de Ashurá. En el curso de esas manifestaciones, la policía mató a nueve personas y detuvo a centenares.

Entre las acusaciones que presentaron contra ella también figuraba, según la hija, "pertenencia a un grupo armado opuesto al Gobierno". Ese extremo parece respaldado por el comunicado de la Fiscalía, que atribuye su detención a "crímenes relativos a la seguridad". Fue durante el registro de su domicilio cuando la policía supuestamente encontró la droga. Una investigación posterior "demostró que había vendido 150 gramos de cocaína", según la versión oficial.

La hija de Bahramí interpreta que las autoridades deseaban alejar de la opinión pública el asunto de las controvertidas elecciones. "Mi madre es ciudadana holandesa. Así que probablemente presentaron esa acusación para tratar de evitar la intervención del Gobierno holandés", declaró Nayebpour poco después de conocer la sentencia a muerte de su madre.

La principal prueba durante el juicio fue la confesión televisada que Bahramí realizó a finales del año pasado, después de pasar 10 meses en una celda de aislamiento en la cárcel de Evin. "Mi madre siempre dice que hizo las confesiones y participó en la entrevista televisiva porque la forzaron a hacerlo y le prometieron que le ayudaría. Desafortunadamente, no le ayudó en absoluto", explicó Nayebpour. Tampoco su doble nacionalidad.

"La repentina ejecución de Bahramí, sin ni siquiera informar a su hija ni permitirle una última visita, envía el mensaje a los iraníes de que si Europa no puede hacer nada para proteger a sus ciudadanos de nuestros tribunales tutelados y ejecuciones, el iraní medio tampoco está seguro", explica a este diario Hadi Ghaemí, portavoz de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán (CIDHI).

El Gobierno holandés congeló de inmediato sus relaciones con Irán, pero las autoridades iraníes rechazan las críticas europeas como una intromisión en sus asuntos internos, ya que no reconocen segundas nacionalidades. Teherán asegura que utiliza la pena de muerte para mantener el orden público y que las ejecuciones solo se llevan a cabo tras exhaustivos procesos judiciales.

No opinan lo mismo las organizaciones de derechos humanos. Navi Pillay, alta comisionada de la ONU, así como las entidades Human Rights Watch y la CIDHI han denunciado el exponencial aumento del número de ejecuciones desde principios de año "en ausencia de los mínimos estándares internacionales". Entre 66 y 83 personas han subido al patíbulo solo en enero, casi tres al día. Las cifras aparecen en medios locales. Las autoridades no publican estadísticas. Aseguran que la mayoría son traficantes de droga y violadores, pero los observadores han detectado al menos tres disidentes políticos. Además, las ejecuciones se han realizado en plazas públicas en dos ocasiones, una en Teherán y otra en Karaj, una ciudad dormitorio al noroeste de la capital.

Incluso los líderes de la aplastada oposición reformista han expresado su alarma. En un comunicado conjunto, Mir Hosein Musaví y Mehdi Karrubí estiman en cerca de 300 los ahorcados en 2010, algunos de ellos antes de que concluyera la investigación judicial. "Al margen de las acusaciones y de si eran verdaderas o falsas, es un derecho legal y religioso de todos los seres humanos que se complete su proceso", recuerdan antes de calificar esas ejecuciones de "contrarias al islam".

Ghaemí no duda del objetivo político. "Es parte de una estrategia de los servicios secretos y las fuerzas de seguridad para demostrar su control sobre la sociedad e intimidar cualquier acto de disensión", asegura. En su opinión, tampoco es casual que este súbito aumento de las ejecuciones coincida con los levantamientos populares en Túnez y en Egipto. "Las agencias de seguridad están extremadamente nerviosas por la facilidad con que los manifestantes desbordaron al aparato de seguridad de Mubarak. Temen algo similar".