El PP frena la petición de cárcel a sus cargos en la depuradora de Valencia

"Si voy al juez a pedir cárcel y no me lo acepta, ¿cómo quedo?". Enrique Crespo, alcalde de Manises por el PP y presidente de la empresa que gestiona la planta depuradora de Pinedo, que da servicio al área metropolitana de Valencia, justificó así ayer haber frenado la presentación de un documento de ampliación de querella que pedía "prisión preventiva" para el gerente y el director financiero de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia, SA (Emarsa), una sociedad pública en la que un juez investiga un fraude de más de 30 millones de euros en trabajos facturados pero no realizados.

Crespo, que es también diputado provincial, preside la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), poseedora del 100% de las acciones de Emarsa. El gerente, Esteban Cuesta, es miembro de la dirección del PP en Valencia, que controla Rita Barberá, y el director financiero, Enrique Arnal Llorens, fue concejal de Moncada por Unión Valenciana. La ampliación de la querella, que Crespo ha frenado, para rescindir el contrato con el bufete que la redactó y contratar a otro abogado, pedía "nuevas medidas cautelares" como la prisión preventiva de Cuesta y Arnal "a la vista de la gravedad de los hechos denunciados" y "para asegurar la presencia de los imputados en el proceso". También incluía a cuatro imputados más, entre ellos a José Alcácer García, concejal del PP en Albuixec, como administrador de una empresa que supuestamente participó en un falseamiento masivo del tratamiento y transporte de lodos de la planta depuradora.

Los directivos de Emarsa están acusados de estafa y malversación

El escrito pedía que testificaran el hermano y la mujer del jefe financiero

Lo que ha hecho la Emshi es enviar al juez toda la documentación en la que se basa y retrasar la presentación del escrito de ampliación de la querella presentada en noviembre que dio pie a la investigación abierta por el juzgado número 15 de Valencia. "Me interesa que se depuren responsabilidades", aseguró Crespo. "¿Pero qué más da que pida cárcel si el juez no lo va a admitir?". Según el presidente del Emshi y de Emarsa, empresa liquidada tras estallar el escándalo, los redactores del escrito, al que ha tenido acceso este diario, olvidaron incluir entre los implicados a los auditores o el secretario del consejo de administración."El juez admitió a trámite la querella el 14 de enero y nosotros le enviamos el día 20 toda la documentación, unos 40 tomos", explicó Enrique Crespo. En efecto, la ampliación de la querella estaba redactada a finales de diciembre y el bufete que la redactó envió a la Emshi un escrito el 6 de enero instando a presentarla "cuanto antes" para que el juzgado pudiera acordar las medidas que estimara oportunas. El 18 de enero, el secretario y el interventor de la Emshi instaban en el mismo sentido en un informe interno a "ejercer las acciones procesales", apoyaban la "necesidad inaplazable" de ampliar la querella y advertían que, "de no presentarse la ampliación de la querella en un plazo inmediato y dado el tiempo transcurrido desde que terminó el expediente" correspondería a los propios funcionarios, debido a su obligación legal de denunciar inmediatamente determinados delitos, "poner en conocimiento del juzgado la documentación".

Crespo respondió enviando esa documentación al juzgado dos días después pero ordenando el cambio de abogados para redactar el escrito al juez. Y el secretario y el interventor de la Emshi, en un "informe complementario", puntualizaban el 25 de enero que no se pronunciaban sobre el contenido del documento de trabajo ya que eso corresponde "a la dirección letrada" y no a los funcionarios. Ambos justificaban el cambio de "dirección letrada" por parte del presidente en que se trata de "una relación de confianza" ante un caso de gran complejidad.

La querella contra los responsables de Emarsa fue consecuencia de una serie de informaciones, que los socialistas llevaron a la fiscalía anticorrupción, sobre el pago a distintas empresas, en varios casos relacionadas con cargos del PP, de servicios nunca prestados o sustentados en contratos irregulares. La iniciativa paralizó la actuación de la fiscalía y propició la apertura de una investigación judicial. Crespo aseguró que se ha hecho una investigación interna en Emarsa que ha llegado hasta donde lo permitían los medios de que dispone la entidad pública. "Le hemos adelantado mucho trabajo al juzgado", comentó, "pero se trata de una investigación de funcionarios hecha con las herramientas de que disponían". Por eso, el presidente de Emshi y de Emarsa pidió prudencia. "Hay que actuar con mucho cuidado", dijo Crespo, que añadió que el escrito de ampliación de la querella que prepara el nuevo letrado estará listo "antes de que acabe febrero".

Si en la querella original por malversación, estafa y administración desleal, se incluía al director gerente y al director financiero de Emarsa, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, respectivamente, así como a dos administradores de empresas de informática y una de una empresa constructora, en la ampliación de querella que Crespo ha echado atrás se añadían dos nombres significativos, el del jefe medioambiental de Emarsa, Adolfo Polo Baixauli, y el del concejal del PP en Albuixec José Alcácer García, en su condición de administrador único de la empresa Hispavas, una de las firmas implicadas en la gestión de lodos de la planta depuradora de Pinedo. Los otros dos nuevos imputados que añadía el escrito son precisamente los gerentes de dos empresas relacionadas también con la gestión de lodos.

Además de solicitar prisión preventiva para los dos directivos de Emarsa, la frustrada ampliación de querella de la entidad metropolitana que Crespo preside solicitaba para Cuesta y Arnal la presentación de una fianza de seis millones de euros cada uno "por ser más ajustada esta suma a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de los ilícitos denunciados". Pedía, por otra parte, que testificaran el hermano y la mujer de Arnal, que facturaron a Emarsa 194.527 euros por cursos formativos y 117.926 euros por servicios de azafatas, respectivamente.

Tras la liquidación de Emarsa, la Generalitat ha dejado en manos de una empresa concesionaria la gestión de la planta depuradora de Pinedo. El Consell pagará 13,5 millones de euros anuales, nueve millones de euros menos de lo que constaba la empresa pública presidida por Crespo y dirigida por Cuesta y Arnal. Emarsa había acumulado, en el momento de su liquidación, unas deudas de 16 millones de euros.