El fiscal pide cinco años para dos hermanas por pagar a ETA

Fue un momento de indignación y rabia contenida. Isabel Bruño, una de las dos hermanas acusadas de haber pagado voluntariamente a ETA 6.000 euros en concepto de impuesto revolucionario, señaló en el turno de última palabra del juicio celebrado contra ellas en la Audiencia Nacional: "Quiero manifestar lo injusto de esta situación. Se nos acusa de ser colaboradoras mientras somos víctimas de ETA".

Isabel Bruño, profesora, y su hermana Blanca, que gestiona la empresa Andrés Bruño e Hijos tras la jubilación de su padre, están acusadas de colaboración con banda terrorista, delito por el que el fiscal solicita cinco años de prisión y 27.000 euros de multa. Las empresarias recibieron en 2003 una carta de ETA en la que se les exigía una extorsión de 120.000 euros. Tras negociar el pago con la banda, el importe fue rebajado y, finalmente, según el fiscal, pagaron voluntariamente 6.000 euros.

En el piso de Burdeos (Francia) donde fueron detenidos los dirigentes etarras Francisco Javier López Peña, Thierry, Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria fueron intervenidas numerosas cartas de ETA a diversos empresarios reclamando la extorsión, pero también otra de abril de 2008 en la que la organización agradecía a las hermanas la aportación de 6.000 euros, destacando su patriotismo y enviándoles un "cálido abrazo".

Las hermanas aseguraron ayer que la familia llevaba 30 años soportando las extorsiones de ETA con mucho miedo. Negaron que hubieran efectuado pago alguno a la banda, pero indicaron: "Cada vez que salías de casa mirabas debajo del coche para ver si había una bomba y no te atrevías a denunciar ni nada".

El fiscal Vicente González Mota mantuvo su petición inicial de cinco años de cárcel y explicó que si las hermanas habían pagado para no tener que mirar debajo del coche, él les acusaba ahora para que nadie tenga que mirar debajo del coche por si hay una bomba financiada con el dinero que ellas pagaron.