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El Supremo revisará la prescripción de los delitos de Fabra

La Audiencia de Castellón admite ahora que su auto sea recurrido

La Sección Segunda de la Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales por los que estaba imputado el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. En el mismo auto, dictado hace poco más de un mes, la Audiencia Provincial señaló que su decisión no era susceptible de recurso y, por tanto, la acusación quedaba archivada. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular anunciaron su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo esta decisión. Ahora, la Audiencia de Castellón ha corregido su criterio y, ante los argumentos de ambas acusaciones, ha admitido la posibilidad de que sea el Tribunal Supremo el que decida sobre la prescripción de los presuntos delitos fiscales cometidos por el dirigente del PP. Así, será el alto tribunal el que revisará la prescripción de dichos delitos y decidirá sobre la misma, solicitada por el propio Fabra.

El auto sostiene que existen "dudas que no deben cercenar la posibilidad del recurso, cuando el propio Tribunal Supremo podrá verificar previamente la susceptibilidad de la casación", ya que este mismo tribunal deberá ahora decidir si admite ambos recursos o no. La clave para el cambio de criterio de la Audiencia de Castellón ha sido el que haya tomado en consideración el hecho de que el caso Fabra se instruyó con el procedimiento del tribunal de jurado y, pese a que la propia Audiencia descartó esta posibilidad y señaló que debía ser un tribunal de magistrados quienes lo juzgaran, de momento, el caso no se ha transformado.

La imputación por estos cuatro delitos surgió del informe elaborado, durante cinco años, por dos inspectores de Hacienda que trabajan como peritos judiciales. El documento destapó que en las cuentas del presidente de la Diputación y de su familia se ingresaron, entre 2000 y 2004, 3,6 millones de euros de procedencia no justificada. Por ello, los peritos detectaron un fraude a la Hacienda pública de 1,7 millones de euros y la presunta comisión de nueve presuntos delitos cometidos por Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Lo que desvela el nuevo auto del caso Fabra es además que la Agencia Tributaria, que está representada por la Abogacía del Estado, no presentó recurso a la decisión de la prescripción cuando es esta parte la que ha de velar por los intereses del Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de febrero de 2011