La Audiencia expulsa a 15 de los 16 saharauis que llegaron en patera
La Audiencia Nacional ha decidido expulsar finalmente a 15 de los 16 saharauis llegados a España en patera y que habían recurrido la decisión del Gobierno de no concederles el asilo político que solicitaron el pasado 5 de enero. El tribunal solo ha paralizado la expulsión de uno de ellos al entender que su regreso a Marruecos podría acarrearle represalias.
La Audiencia Nacional rechazó el pasado viernes la petición de no ser expulsados de 13 miembros del grupo y ayer resolvió los otros tres casos que tenía pendientes: dos a favor de la expulsión y uno en contra.
Los magistrados de la sección octava de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional argumentan en su auto que no hay indicios que revelen que "las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico".
En cambio, en el caso de uno de ellos, la Audiencia considera que el relato de abusos y maltratos aportados son verosímiles e indican "persecución en razón de sus actividades y su participación en los hechos que concluyeron el desmantelamiento violento del campamento de Agdam Izik".
Recurso en Estrasburgo
Los 22 saharauis que llegaron en patera a las costas de Fuerteventura el pasado 5 de enero argumentaron esa misma persecución para solicitar asilo. Entonces el Ministerio del Interior solo estimó cinco peticiones y preparó la expulsión del resto. La Audiencia Nacional paralizó temporalmente la devolución a Marruecos. Finalmente, solo uno de los 16 saharauis que recurrieron la denegación del asilo ha logrado frenar su expulsión.
La Comisón Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha atendido a los 16 saharauis a los que no se les concedió el asilo político, ya ha recurrido esta última decisión de la Audiencia ante el Tribunal de Derechos Humanos, como ya hizo el viernes en relación a los otros 13 casos.
Los abogados de CEAR han informado que desde Estrasburgo se han puesto en contacto con ellos para pedir toda la documentación del caso y preguntar si se prevé que el Gobierno vaya a ejecutar la expulsión, lo que podría acelerar su decisión sobre el asunto.
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