La justicia obliga a la Generalitat a pagar el doble por el suelo del aeropuerto de Lleida
El Gobierno debe desembolsar siete millones más por los terrenos de Alguaire
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha devuelto a un colectivo formado por una cuarentena de agricultores afectados por la construcción del aeropuerto de Lleida-Alguaire lo que la Generalitat les ninguneó durante el proceso de expropiación de las 366 hectáreas ocupadas para la infraestructura. Hace tres años, la Administración catalana valoró sus terrenos a dos euros el metro cuadrado, 7,3 millones de euros en total. Una sentencia le obliga ahora a pagarles casi el doble de lo que recibieron: 3,80 euros por metro cuadrado. La buena noticia para los afectados, aun descontentos porque ellos pedían 25,5 euros por metro, se convierte en una nueva factura a pagar por el Gobierno catalán de casi siete millones de euros extra.
Los agricultores llevan años denunciando lo que consideraron un desagravio. En septiembre de 2007, incluso pararon durante casi una hora los trabajos de construcción del aeropuerto. Querían dejar claro que no se conformaban con dos euros por metro, sobre todo después de saber que a los propietarios de los terrenos de la prisión de Tàrrega, la Generalitat les pagó casi el triple.
Carles Roma, portavoz de los afectados, calificó entonces la situación de "insulto a la inteligencia" ya que, a su juicio, el precio fijado por el Jurado de Expropiaciones no compensaba la pérdida patrimonial y de renta sufrida. En este caso, los terrenos eran rústicos pero estaban incluidos en el Plan Nacional de Regadíos y la expectativa de mejorar las explotaciones era evidente. "No tiene sentido que la Generalitat pague dos euros por metro y Fomento 10 veces más las expropiaciones para construir una autovía en la misma zona", denunció.
Los afectados perdieron una media de ocho hectáreas, pero a algunos agricultores, como Roma, se les expropió la totalidad de la finca. Roma acababa de heredar una superficie de 17 hectáreas en el altiplano de Alguaire donde está ubicado el aeropuerto. La Generalitat le pagó 340.000 euros, cantidad que ahora verá duplicada. A pesar de la victoria, Roma piensa convocar esta semana a otros afectados para estudiar un recurso. Ellos pedían más de 25 euros por metro, porque consideraban que los terrenos debían expropiarse como urbanizables, no como rústicos, y el TSJC rechazó este punto, porque considera que Alguaire no está vinculado a una determinada ciudad, sino a toda la provincia de Lleida. "No existe expectativa alguna de que el nuevo aeropuerto lleve consigo la transformación inmediata de su entorno en suelo urbanizable, teniendo en cuenta que este entorno es rústico", dice la sentencia. Roma se mostró estupefacto por esta apreciación, ya que considera que fue la Generalitat la que creó expectativas en la zona, al reservar para industrias relacionadas con esta infraestructura aérea más de 1.000 hectáreas de suelo en tres municipios del entorno.
La Generalitat estudia si recurrirá la sentencia. Un portavoz del Departamento de Territorio subrayó ayer que la sentencia fija un precio más cercano al que pagó la Generalitat que a lo que exigían los propietarios. Recordó que muchos terrenos que se compraron en el entorno por venta libre se pagaron a 1,2 euros el metro, y que fue el Incasòl, aseguró, el que comunicó en algún momento que pagaría cuatro euros por metro. Un "fallo inicial" y un mal cálculo que elevaron las expectativas de precio de forma irreal, zanjó.
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