La supresión del voto emigrante pone en jaque a Baltar y Louzán
Las papeletas del exterior fueron determinantes en Bande, Cerdedo o Silleda
Rafael Louzán y José Luis Baltar repiten estos días jaculatorias contra la reforma de la Ley Electoral que suprimirá en mayo el voto de los españoles residentes en el exterior. No es para menos. Los presidentes de las Diputaciones de Ourense y Pontevedra se enfrentan a sus sombras. La recompensa por el duro esfuerzo de años de trabajo del voto de la emigración se desploma. Baltar puede perder el omnímodo poder en el que se ampara y Louzán, no solo su Diputación sino la presidencia provincial del partido que ahora ostenta.
"Acato, pero no comparto que los emigrantes no puedan votar en las municipales", protestó Baltar hace unos días, defendiendo la vinculación que, a través de "las vacaciones del verano", tienen los residentes en el exterior con sus pueblos. Arremetió contra la ley que "sí les permite votar en las generales y autonómicas", pero no explicó que en estos casos la nueva Ley Electoral restringe también ese derecho a los emigrantes, que deben solicitarlo previamente.
"Acato pero no comparto", protesta el barón del PP ourensano
Dos centenares de votos en Cerdedo dieron a Louzán la presidencia
El presidente ourensano se juega en las municipales de mayo un diputado en Trives y otro en Bande con la supresión del sufragio exterior. No porque estos Ayuntamientos, gobernados por el PP, vayan a perder concejales, lo cual no entra en sus cálculos, sino porque Baltar se quedará sin la riada de votos de los emigrantes cuya suma lo aúpa a presidir la Diputación cada cuatro años, desde hace 20. Es la suma de los votos de cada provincia, y no la de los ediles, la que decide su composición. Y ahí es donde está la fuga.
Sólo en el partido judicial de Bande, el PP podría perder medio centenar de papeletas. El Censo de Residentes Ausentes (CERA) supone el 50% del global de 4.000 personas con derecho a voto, aunque apenas lo ejerza "un número insignificante", según destaca el alcalde de este Ayuntamiento, José Antonio Armada.
Armada sabe que conservará "sin problema alguno la mayoría absoluta". No tendrá esta vez el colchón del voto de la emigración, pero su holgada hegemonía (nueve escaños frente a uno del PSOE y otro del BNG) le permitiría incluso pasar de la campaña. No lo hará. Su mujer y antecesora en la alcaldía, la diputada en Cortes Ana Belén Vázquez, acaba de aprobar unas oposiciones en la Diputación para una plaza de técnico bien remunerada. Y Baltar necesita compensar los votos del exterior que ahora se le esfumarán.
En los comicios de 2007, PSOE y BNG quedaron a dos escaños de la mayoría absoluta en la Diputación. En esta ocasión, la nueva Ley Electoral pone a Baltar contra las cuerdas, cuando tiene más demonios a los que enfrentarse: los de la fractura que él mismo provocó en el PP de Ourense al designar a su hijo candidato al congreso fratricida -según el propio PP, ofreciendo empleos en la Diputación a cambio de apoyos- que lo puso al frente del partido.
En Pontevedra, Louzán consiguió la presidencia de la Diputación en 2007 por dos centenares de papeletas que los emigrantes depositaron en Cerdedo, con un padrón de 2.300 habitantes pero uno de los seis municipios de Pontevedra con más votantes en el extranjero (un tercio del censo).
Y en Silleda, del censo de 9.200 votantes, 2.255 corresponden a la emigración. Aquí el PP no va tan holgado como en Bande. El recuento de las municipales de 2003 se dirimió en un juzgado. Un puñado de votos de una mesa de la emigración le dio la alcaldía a los populares. En 2007, la urna de la emigración volvió a dar el triunfo al PP. Estaba en juego el octavo concejal y el voto del exterior se escoró hacia los populares, con 150 papeletas frente a las 50 de los socialistas. Finalmente, PSOE y PP empataron a seis concejales y el BNG obtuvo uno.
La ex alcaldesa socialista de Silleda Paula Fernández Pena, desbancada en una moción de censura por el PP con el respaldo de dos tránsfugas socialistas, cree que en esta ocasión, sin voto del exterior, volverá a gobernar y contribuirá a "echar a Louzán de la Diputación".
Bande y Avión, casos paradigmáticos
Aunque la ausencia del voto emigrante en los comicios municipales pone en peligro para el PP las diputaciones provinciales de Ourense y Pontevedra -las dos que mantiene en Galicia, frente a Lugo y A Coruña, gobernadas por coaliciones entre socialistas y nacionalistas- la mayor parte de los gallegos registrados en el Censo de Residentes Ausentes corresponden a la provincia de A Coruña, con 127.580 censados. Pontevedra tiene 105.798, Ourense, 81.803 y Lugo, 49.991.
En total, los residentes ausentes suponen más de la cuarta parte de los censos de los 315 ayuntamientos gallegos y, en los municipios ourensanos de Bande y Avión, la cifra se dispara: los emigrantes que hasta ahora podían votar igualaban, en el caso de Bande, o superaban, en el de Avión, al de los residentes habituales en cada uno de estos pueblos.
Los regidores de estos dos municipios insisten en restarle importancia a estos datos objetivos. "Aquí solo suelen votar 20 ó 30 emigrantes", asegura el popular Antonio Montero, alcalde de la localidad de Avión. Exactamente el mismo argumento -con el mismo número exactamente de votantes del exterior: "20 ó 30"- que esgrime su compañero de partido y regidor en Bande, José Antonio Armada, restando trascendencia a la novedad electoral aprobada por el Congreso de los Diputados en Madrid.
PSdeG y BNG barajan otras cifras y ven, pese a los no del todo halagüeños sondeos demoscópicos, más cerca que nunca el poder en los últimos bastiones provinciales que le quedan al PP: los que dirigen Rafael Louzán en Pontevedra y José Luis Baltar en Ourense.
La reforma electoral lleva también aparejado un antivirus contra el transfuguismo, ya que inutiliza el papel de los tránsfugas en las mociones de censura en los consistorios. El senador socialista Miguel Fidalgo ya alertó en Ourense a Baltar de la "gran pérdida" de poder municipal que la nueva normativa le iba a suponer.
Mientras tanto, Louzán y el propio Baltar hacen cruces, al tiempo que intentan sumar votos a los votos locales que les garanticen su futuro político. Y, en el caso del barón ourensano, también el futuro de su hijo.
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