El juicio del 'caso Malaya' se ralentiza y amenaza las previsiones de la sala

El juicio del caso Malaya, la mayor vista oral de la historia judicial española, con 95 procesados, tiene visos de prolongarse más allá de un año, como previó inicialmente la Audiencia Provincial de Málaga. El primer bloque del juicio -dedicado a analizar el pelotazo urbanístico de la llamada Operación Crucero Banús- avanza con más lentitud de lo previsto. La sala, presidida por el magistrado José Godino, está permitiendo a los letrados, en especial a los de los ocho acusados en esta parte, realizar interrogatorios extensísimos y entrar en debates jurídicos de gran profundidad.

El tribunal solo ha puesto cortapisas a aquellos letrados de los que sospecha que buscan ralentizar innecesariamente el juicio. Uno de esos casos es el de la abogada del empresario Andrés Liétor, no imputado en este bloque, y que pretendió formular 107 preguntas a los agentes de policía que dirigieron la investigación del caso a las órdenes del juez Miguel Ángel Torres. La sala obligó a esta letrada a recortar sensiblemente su interrogatorio. Durante la fase de instrucción y en las fases previas al inicio de la vista oral, Liétor ya había bombardeado los juzgados con cuanto recurso tuvo a su alcance.

El interrogatorio a los peritos de Hacienda duró cinco sesiones

Algunos abogados temen que el juicio se vuelva ingobernable

La Audiencia eligió comenzar el juicio del caso Malaya por el bloque de Crucero Banús por una razón esencial. Esta parte del caso hace referencia a unos hechos muy concretos y es muy fácil de acotar, lo que permitía iniciar la complejísima vista oral, algo que hasta la misma víspera del juicio muchos dudaban que se fuera a conseguir.

La prolongación de las sesiones de este bloque inicial hace presagiar a los abogados que los capítulos dedicados a las redes de blanqueo y al cohecho supuestamente urdidos por Roca, con muchos más acusados y testigos, puedan ser ingobernables. El letrado del Ayuntamiento de Marbella, que ejerce la acusación particular, se quejó a la sala de la extensión de algunos interrogatorios, que incluían preguntas que no tenían que ver con la operación Crucero Banús. El presidente Godino ha pedido a los letrados que se ciñan al asunto que se enjuicia, pero apenas ha cortado las intervenciones.

La Operación Crucero Banús se centra en el papel que el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tuvo en la recalificación y posterior venta de una parcela comercial que adquirió con otros tres socios, entre ellos el ex teniente de alcalde marbellí Pedro Román, en el año 2001. Según el fiscal, la posición de poder de Roca en el urbanismo de la ciudad durante el gilismo permitió a los cuatro socios obtener en un año unas plusvalías cercanas a los seis millones de euros, mientras que el patrimonio municipal dejaba de ingresar otros cinco millones. El negocio se realizó a través de una sociedad suiza y las ganancias se ingresaron en cuentas de los procesados en fundaciones del paraíso fiscal de Liechtenstein.

En algunos casos, los interrogatorios han ocupado hasta cinco sesiones de las 17 que se llevan dedicadas a este pelotazo inmobiliario. Es el caso de los peritos de la Agencia Tributaria que redactaron el informe preliminar sobre la Operación Crucero Banús. Estos estuvieron acompañados en el estrado por un perito, catedrático de Derecho Financiero, aportado por Pedro Román. Los peritos de Hacienda sostuvieron que los fondos con los que se financió la compra de la parcela permanecían ocultos al fisco español y que los beneficios no tributaron ni en España ni en Suiza. Fueron tantas las preguntas que recibieron los peritos que el magistrado Godino les pidió, en el último día de declaración, que redactaran un informe con sus conclusiones.

Los agentes antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía que encabezaron la investigación también declararon durante tres jornadas. Los policías destacaron en su exposición el "poder absoluto" de Roca en las decisiones, tanto urbanísticas como de otros ámbitos, que se tomaban en el Ayuntamiento de Marbella. Estos inspectores apuntaron una idea que puede inquietar a numerosos alcaldes y responsables municipales imputados por actos de prevaricación urbanística, como recalificaciones o licencias de obra irregulares. "La Policía siempre trabaja con el convencimiento de que detrás de cada prevaricación urbanística ha habido un pago, un cohecho. Otra cosa es que luego encontremos pruebas", afirmaron.