El jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella afirma que los convenios "nunca se tramitaron por el cauce normal"

El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella (Málaga), Jorge González, cuyo testimonio en otro procedimiento propició el inicio de la investigación del caso Malaya, sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento marbellí, ha asegurado este lunes que los convenios que se realizaban "nunca se tramitaron por el cauce normal" del servicio en el que él trabajaba.

González, que está siendo interrogado en calidad de testigo dentro del bloque del juicio dedicado a la operación Crucero Banús, un pelotazo inmobiliario que generó más de seis millones en beneficios, ha asegurado que el propósito del Ayuntamiento de Marbella era conceder licencias de la forma más arbitrariamente posible. "No había criterio alguno, había una anomia buscada", ha respondidoal fiscal Juan Carlos López Caballero.

La abogada de Juan Antonio Roca no ha querido formularle ninguna pregunta. Ha sido el letrado de Juan Hoffman, otro de los acusados en este bloque, quien se ha lanzado con la cuestión que todos tenían en mente. "¿Usted no denunció a Roca?", le ha preguntado tras dar unas cuantas vueltas. González, que ha hablado siempre de una forma muy técnica, ha asegurado que informó de que el Ayuntamiento estaba "desapoderando a los funcionarios". "Esto no es un ilícito penal", ha dicho.

Durante su declaración, que ha durado una hora, ha insistido en que, a pesar de su cargo, desde 1998 no tenían ninguna función en disciplina urbanística y que tampoco emitía informes sobre la legalidad de las licencias porque "se había hecho un traspaso a personal externo de esas funciones". "No había seguridad jurídica, pero sí de que se concedían las licencias", ha mantenido.

González ha explicado que las construcciones "con las infracciones más groseras" eran las que no se precintaban.

Según el funcionario, se informaba "al señor Roca", el presunto cerebro de la trama de corrupción, de los precintos, como gerente de Planeamiento 2000, porque hubo "órdenes expresas" para que así se hiciera.

Según el fiscal, Roca, el ex concejal Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela en Marbella sobre la que lograr, con un convenio, aumentar la edificabilidad y reducir los aprovechamientos del Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado.