Nos queda la justicia

De las solicitudes de asilo político realizadas por los 22 saharauis que llegaron en patera el 7 de enero a Fuerteventura, solo cinco fueron admitidas a trámite. Ante este hecho, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó, de acuerdo con la Ley de Asilo y Protección Subsidiaria, un recurso ante la Audiencia Nacional solicitando la adopción de una medida cautelar que impidiera su expulsión en tanto se resolvía la admisión a trámite del mismo. Y algo de razón debe tener la CEAR cuando la Sección VIII de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha tenido que dictar una providencia en la que establece una medida cautelar cuyo efecto es la paralización de la expulsión.

A mí lo que me preocupa es saber quién del Ministerio del Interior, y por qué, ha adoptado la decisión de continuar con el proceso para "repatriar" (es para reírse si no fuera tan dramático) a los saharauis sin tener en consideración la normativa vigente y violando, por tanto, los derechos de estos ciudadanos del mundo, y por qué el señor Rubalcaba no le ha cesado (que yo sepa) con carácter inmediato.

CEAR veló por los derechos conculcados de los saharauis. Menos mal que, tanto a ellos como a nosotros, nos queda la justicia.