Las televisiones públicas y la pólvora del rey

La opinión pública está presenciando atónita estos días una polémica que en otras latitudes no muy alejadas de las nuestras jamás se produciría o acabaría con uno de sus protagonistas en la calle por derrochador de dineros públicos.

Me refiero, evidentemente, al forcejeo entre las televisiones privadas nacionales agrupadas en la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), que me honro en presidir, y TVE y las televisiones públicas autonómicas asociadas a la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA).

Resulta que, contra toda lógica del mercado, de lo que debe ser un servicio público y de lo que manda a las públicas la propia ley, las televisiones de esa titularidad están encareciendo para España el precio de los derechos de retransmisión de la Liga de Campeones de Fútbol (Champions League), al sobrepujar en la subasta que la UEFA está efectuando y cuyo plazo final de ofertas acaba el 3 de febrero.

Pujan con dinero de los contribuyentes por los derechos de la 'Champions', encareciendo el precio

Ajenos a la crisis económica y a la falta preocupante de recursos financieros de todas las Administraciones españolas, estos entes sobrepujan y ofrecen hasta 70 millones de euros al año por esos derechos, incumpliendo olímpicamente la norma que les impide realizar estas prácticas cuando los operadores privados concursan también por las mismas imágenes para emitirlas gratis a los espectadores y sin coste para el contribuyente. Los 70 millones de euros anuales que está dispuesta a pagar la coalición TVE-FORTA son el doble de lo que valen esos derechos. ¿Acaso no es esto encarecer artificialmente con dinero público el precio de un bien, una práctica que los funcionarios realizan con pólvora del rey, es decir, con recursos ajenos y sin tener que rendir cuentas a nadie?

Las televisiones autonómicas están teniendo en conjunto unos déficits anuales que superan los 700 millones de euros, a pesar de que perciben unos 800 millones en subvenciones y participan de la tarta publicitaria, en una doble financiación que constituye un caso flagrante de competencia desleal. Además, hace pocas semanas el Gobierno tuvo que arbitrar medidas extraordinarias para evitar que TVE cerrase con déficit el ejercicio 2010, y ahora la propia TVE, en alianza con las demás televisiones públicas -otra práctica censurable moralmente y condenable por el Tribunal de Defensa de la Competencia por insana y perjudicial para la competencia y para el Tesoro Público- es capaz de gastarse una cifra equivalente a ese teórico déficit para emitir lo mismo que están dispuestas a emitir las televisiones privadas.

El servicio público al que están obligadas las televisiones públicas consiste, precisamente, en proporcionar aquellos contenidos de interés general que no ofrecen las privadas, nunca en sobrepujar para arrebatárselos deslealmente a estas últimas y cargar su coste sobre el contribuyente.

Empieza a ser inquietante que los mismos políticos y los jefes de Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas que pregonan y reclaman austeridad y adoptan durísimas medidas de ahorro que suponen mucho sacrificio a millones de españoles, incluidos pensionistas y discapacitados, estén de brazos cruzados ante estas prácticas de las televisiones públicas y no las impidan. Es una bofetada al ciudadano que deja en muy mal lugar la credibilidad de nuestros dirigentes.

Alejandro Echevarría es presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca).