El PP se pone de perfil y pide que se entierre la ley del sector público

No hay duda de que el Parlamento andaluz aprobará a finales de febrero la ley de reordenación del sector público, pero lo que se desconoce es si saldrá con mayor apoyo del que entró. La mayoría absoluta del PSOE garantiza su aprobación, pero es muy improbable que el Partido Popular quiera estar en la foto final y está por ver si Izquierda Unida, que plantea su propio modelo, va a figurar.

Las enmiendas de los populares son toda una declaración de principios de brazos caídos: presentan enmiendas parciales al proyecto de ley en las que, al mismo tiempo, piden la derogación de la norma. Fuentes jurídicas tacharon de "burla" esta posición. Como en política todo es posible, habrá que esperar a ver si la Mesa de la comisión parlamentaria les da vía libre o no, si es que los letrados así lo aconsejan.

Todavía está por ver si será posible el acuerdo entre los tres grupos

Los tres grupos parlamentarios han presentando un total de 159 enmiendas al proyecto de ley, que nació con un pecado original: mediante decreto ley y sin negociación. Un error reconocido por todos los socialistas, pero que no ha evitado que los sindicatos corporativos hayan convocado con bastante éxito de asistencia dos manifestaciones. Lo que se persigue es suprimir 111 empresas públicas que pasarán a 14 agencias, para ahorrarse puestos directivos y dinero (118 millones de euros).

Las 32 enmiendas del PSOE se "sitúan enfrente de los estribillos y eslóganes vacíos que han podido causar una imagen equivocada" de lo que se pretendía, dijo ayer el ponente socialista, José Caballos, en alusión a las consignas de enchufismo que en las protestas convocadas por "los sindicatos gremiales" (CSIF, Ustea, Safja) se han podido escuchar. Para combatir la acusación de enchufismo de los trabajadores de las empresas públicas, los socialistas han planteado una batería de enmiendas en las que tanto en las fundaciones, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y entes instrumentales se asegura que la "selección y acceso del personal" a las mismas "se efectuará mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Esto ya viene en el decreto ley, pero se ha añadido lo de la convocatoria en "medios oficiales".

En sus enmiendas, el PP precisa que debe darse a conocer a través del BOJA y propone que el personal directivo "esté sujeto a evaluación" y a un "control de resultados".

Para desmontar la acusación de que se pretende "hacer funcionarios por la puerta de atrás" a los trabajadores de las empresas públicas, las enmiendas del PSOE enfatizan que "no existirá ningún procedimiento de acceso a dicha condición distinto al establecido para la ciudadanía en general". También se subraya que el ejercicio de potestades administrativas "corresponden exclusivamente a los funcionarios". El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, destacó las aportaciones de CC OO y UGT y confió en mantener la "línea abierta" con IU.