El PP se abre al diálogo para consensuar la futura ley de Vivienda

El PP atempera su postura sobre la futura ley de Vivienda. Tras el férreo rechazo, el pasado sábado, de su presidente Antonio Basagoiti, ayer él mismo mostró su disposición al diálogo y "hacer esfuerzos por llegar a un punto de encuentro".

Aunque reiteró que el documentado presentado, que contempla que familias con rentas bajas puedan exigir una vivienda a un juez, la fijación de un canon para pisos vacíos o la expropiación de VPO a adjudicatarios con elevados ingresos, no les gusta "ni es el adecuado", se mostró dispuesto a hablar "con seriedad" de las medidas para impulsar la vivienda en Euskadi. El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, criticó que el Gobierno no les haya consultado, pese a ser el socio preferente.

El Departamento de Vivienda ha admitido que presentó las líneas generales del documento al PP, aunque sin entrar en el detalle de las medidas novedosas, como el canon o la exigencia de un piso ante la Justicia. El argumento de Vivienda es que el debate durará un año, tiempo suficiente para aportaciones y cambios en el documento.

Ayer, a través de un comunicado, la consejería valoró positivamente la disposición al diálogo de algunos partidos. Al PP le respondió que la iniciativa legislativa corresponde al Ejecutivo y que se ha presentado en la mitad de la legislatura "y no a dos meses de la disolución del Parlamento", en alusión al proyecto formulado por el anterior consejero Javier Madrazo que no pudo aprobarse.

El portavoz del PSE de esta materia en el Parlamento, Jesús Loza, consideró "prematuras" las críticas lanzadas por el PP y el PNV en un momento en que "está sometido a consultas y aportaciones de los distintos agentes sociales". Aseguró que con voluntad de diálogo "habrá posibilidades de llegar a un acuerdo". Aralar y Ezker Batua también opinaron ayer sobre el anteproyecto presentado públicamente el pasado viernes y mostraron su temor en que el PSE busque marcar "perfil de izquierda" solo para las próximas elecciones municipales. Dani Maeztu, de Aralar, dijo que las diferencias "no son insalvables".