Xunta y caja intentan que el Gobierno central suavice la reforma financiera

La dificultad para cumplir las nuevas exigencias de capitalización de las cajas de ahorro es tal, y el tiempo disponible tan escaso, que Xunta y Novacaixagalicia centran sus esfuerzos en presionar al Gobierno para que suavice sus condiciones. Las posibilidades de lograr el objetivo de sumar en torno al 9% de capital de calidad (core capital) el 30 de septiembre son escasas o nulas, pero el decreto ley que plasmará esa reforma todavía no está redactado. Antes de poner en marcha cualquier plan para cumplir las nuevas exigencias, el Ejecutivo gallego y la caja tratan de negociar ventajas en forma de nuevos plazos o criterios más flexibles.

La estrategia, trazada en la reunión que ayer mantuvieron en Santiago responsables de la caja y de la Consellería de Facenda, se basa en dos argumentos. De un lado, que los bancos disfrutan de un "trato de favor" respecto a las cajas. Del otro, que las provisiones adelantadas para cumplir los requisitos del Banco de España para la fusión dificultan la capitalización que ahora se le exige a la caja gallega. En este último argumento insistió ayer la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás.

"Aún hay partido", reconocen fuentes de la caja gallega, en referencia al plazo disponible hasta la aprobación del decreto ley, a mediados de febrero. Los mismos portavoces asumen que, de momento, el esfuerzo se centrará en que el Gobierno le dé "el mismo trato a todo el mundo", en referencia a la menor capitalización que se exige a los bancos. De momento, ni Xunta ni Novacaixagalicia están en plan de capitalización alguno. "No se improvisa en dos días", explica la caja gallega.El desconcierto provocado por las nuevas exigencias del Gobierno continúa, a la espera de que se publique el decreto ley que aumentará las exigencias mínimas de capital de máxima calidad. El presidente Feijóo y la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se enfrentaron ayer por primera vez a las preguntas de los periodistas sobre los planes de la Xunta, pero su respuesta es que tales planes no existen, ni existirán hasta que no se conozca al detalle la reforma, que pretenden suavizar. Ni siquiera hubo grandes reproches al Gobierno sobre el fondo del asunto, más allá de la denuncia de sus "bandazos".

Feijóo sí cargó en Bruselas contra la "frivolidad e improvisación" del Ejecutivo de Zapatero, al que instó a remitir un "documento de trabajo" que sirva para analizar con la caja "los escenarios" que se abren. La primera reunión de la Xunta con los responsables de Novacaixagalicia se produjo en la mañana de ayer, aunque sin que se esbozara plan de capitalización alguno. En Santiago, la conselleira fue preguntada por la posibilidad de que la Xunta aporte fondos a la entidad financiera, a lo que respondió que su Gobierno "solo está esperando a tener el decreto ley con las condiciones" de la reforma, ya que lo contrario supondría, según Currás, "una pérdida de energía y de tiempo".

El hecho de que la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, elevara ayer mismo a entre el 9% y el 10% el denominado core capital exigido a las cajas sólo sirvió para afianzar las reservas de la conselleira. Lo único que la Xunta conoce de los planes del Gobierno procede de declaraciones de la ministra, "que no constituyen una fuente de derecho", acusó. En la misma línea, Feijóo reprochó al Gobierno que plantee la reforma del sistema financiero "a través de ruedas de prensa".

Las críticas de presidente y conselleira se centraron en cuestiones comunicativas y en la "improvisación" del Gobierno central, esto es, en las formas. Pero no tanto en el fondo del asunto, sobre el que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya expresó la disposición "favorable". El titular de la Xunta insistió ayer en defender "criterios de solvencia de solvencia y galleguidad" para Novacaixagalicia, pero evitó comprometerse con su modelo jurídico como caja de ahorros. Feijóo eludió aclarar si esos principios podrá cumplirlos tanto si se mantiene como caja como si se transforma en un banco. "No podemos seguir dando posturas definitivas en función de ruedas de prensa", se justificó.

Esa improvisación que la Xunta recrimina al Gobierno es el motivo de que la caja presente un nivel relativamente bajo de core capital, lo que dificulta el objetivo de evitar su nacionalización o su conversión en banco. Fernández Currás aseguró que la entidad "cumpliría" los requerimientos de capital de calidad si no se hubiese obligado a las cajas a efectuar provisiones para hacer frente a pérdidas futuras. La conselleira recordó que esas exigencias, plasmadas en un plan de negocio aprobado por el Banco de España, no se les planteó a los bancos, que sí pudieron recapitalizarse.

En Bruselas, mientras, Feijóo censuró "la inseguridad jurídica" que está creando el Gobierno, al que instó a negociar en el Congreso y evitar una decisión "unilateral". El presidente apeló a la responsabilidad de los Gobiernos autónomos y recordó que las decisiones de fusión en Galicia habían sido bendecidas previamente por el Banco de España. "Las comunidades autónomas en el ejercicio de nuestras responsabilidades", dijo, "las únicas comunicaciones oficiales que tenemos del Gobierno y del Banco de España es que la fusión de dos entidades que operan en Galicia [Caixanova y Caixa Galicia] ha sido avalada y firmada por el Banco de España". Esta firma, recordó, tan solo tenía tres semanas de vigencia.

El presidente precisó que "el Banco de España había autorizado la fusión de las dos entidades gallegas con unos criterios de solvencia el mes pasado". Así, sostuvo que "no se pueden cambiar estos criterios un mes después". "Si eran solventes en diciembre", añadió, "tienen que seguirlo siendo en enero".

Feijóo hizo estas declaraciones tras entrevistarse con el comisario de Política Regional, el austriaco Johannes Hahn. El presidente gallego ofreció ayer un pacto a Castilla-La Mancha y Andalucía para defender las ayudas regionales europeas y conseguir un marco transitorio para estas tres comunidades, que podrán perder fondos comunitarios por haber superado el 75% de la renta media comunitaria.