La caja se defiende aireando sus cuentas

El Gobierno ha puesto fecha a la privatización de Novacaixagalicia (NCG) y apenas habrá tiempo para cuestionarse la conveniencia de que desaparezca como caja. El anuncio, instrumentalizado a través de un Real Decreto que se publicará en febrero y que aumentará el nivel exigible de capital de máxima calidad de las cajas, provocó ayer las más airadas críticas desde el nacionalismo, que apeló a la unidad política y social para defender el actual estatus de NCG. Mientras los socialistas supeditan el futuro a las nuevas reglas de juego impuestas desde Madrid, el presidente de la Xunta sigue sin pronunciarse e inusualmente su agenda no incluyó ayer ningún acto público. En una entrevista en la Radio Galega, su conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, admitió anoche la "frustración, incertidumbre y desconcierto" de la Xunta.

"Se le pide más capital a la caja que al Santander", critica la CIG

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Tampoco dijeron palabra los directivos de la caja, que, sin embargo, contraatacaron difundiendo a última hora de la tarde los datos de exposición al ladrillo de la entidad, los mismos que el Banco de España iba a dar a conocer en febrero de todo el sector. Al desnudar sus cuentas, la caja explica que ha concedido créditos para compra o promoción de viviendas por valor de 30.363 millones de euros, y que eso supone "el 55,6% del riesgo total de la entidad, por debajo de la media del sector". Aunque la comprobación de esto último se hace difícil sin datos de todo el abanico.

Según sus cuentas, la caja ha financiado con 11.150 millones la actividad de los constructores, que tienen 2.527 millones de créditos dudosos y otros 1.911 que, aunque no han resultado morosos, se contabilizan así por el Banco de España anticipando dificultades futuras. El 71% del riesgo que no está cubierto por los activos (que actúan como garantías), estarían respaldados por 1.269 millones asignados a coberturas específicas.El chorreo de datos es el escudo que ha encontrado la caja para defenderse contra lo que considera como un ataque del Gobierno y del Banco de España, que hace un mes y medio aprobó su proyecto de fusión con un calendario para fortalecer sus recursos a cinco años vista. Ese calendario se comprimió como un acordeón cuando la ministra, Elena Salgado, anunció que en septiembre elevará por encima del 8% el listón de core cápital (capital de máxima calidad, equivalente a los fondos propios y las reservas) que exigirá a las entidades financieras que no coticen en Bolsa o no tengan una participación privada significativa. "La exigencia podría quedar en el 9% o del 10%, no lo sabemos", denunció ayer la conselleira de Facenda.

La caja, que este año debe hacer frente a 2.774 millones de euros en vencimientos, asegura que su talón de aquiles no es el ladrillo, o al menos, no está mucho más expuesta que la banca mediana. El 86% de los créditos hipotecarios, dice, los otorgó por un importe inferior al 80% del valor de tasación de los pisos. Ocho de cada diez euros prestados a promotores tienen garantías hipotecarias. De la financiación destinada a compra de suelo, el 75% "tiene como garantía los solares ya urbanizados, donde el riesgo de depreciación es sensiblemente más bajo". Con estas cifras, NCG asegura que el riesgo del ladrillo la coloca en el puesto 17 del ránking nacional de cajas y bancos.

Para los sindicatos, los primeros en cuestionar la actuación del Gobierno -junto al BNG-, los escenarios llevan al mismo punto: "privatización salvaje". Y culpan al Banco de España, y en especial a su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, de perder tiempo y dinero mareando la perdíz para dar la estocada a las uniones que no han ido por el redil de las fusiones frías o SIP (que vuelcan sus activos en un banco), como ocurre con la gallega. La vía del SIP (Sistema Institucional de Protección), por cierto, fue la primera que exploró Caixanova.

La cuestión ahora es saber cómo se producirá esa privatización, ya que se da por hecho que la caja no será capaz de adelantar a septiembre los objetivos del plan de negocio. "Novacaixagalicia es viable y solvente, otra cosa es que se pretenda utilizar la exigencia de determinados ratios para privatizarla. No pueden pedirle un 8% de core capital al Banco de Santander y un 10% a una caja, y eso es lo que va a hacer el Gobierno", criticó ayer la CIG a través de su responsable de Banca, Clodomiro Montero.

¿Cuánto dinero necesitará NCG para superar el listón? Unos 1.000 millones para alcanzar el 8%, según cálculos muy aproximados, algo imposible de conseguir en el mercado actual. "Con esta excusa, el Gobierno entrará en el capital de la nueva caja gallega para después venderla al mejor postor o al más amigo", dicen desde el comité de personal.

Más allá de la capitalización y la transformación en un banco, el supervisor podrá solicitar en septiembre un nuevo plan de reestructuración "que puede implicar nuevos despidos". En esta tesitura, ayer fueron muchos los empleados que se apresuraron a apuntarse en el ERE de la fusión, que hasta hace dos días contabilizaba poco más de 600 altas, la mitad de las pactadas.

Sobre la privatización se abren varias posibilidades. La añorada por quienes defienden su carácter semipúblico estaría en dar entrada a las administraciones (Xunta, ayuntamientos, diputaciones), en el capital de Novacaixagalicia como accionistas. Otra vía, que también necesita de un importante grado de implicación política y social, está en articular lo que se ha dado en llamar un "núcleo duro", de capital gallego dentro de la caja. Suenan nombres de multimillonarios, -Amancio Ortega, Manuel Jove o Jacinto Rey- como inversores, pero por ahora son simples especulaciones. Al acecho también se coloca el Banco Pastor, aunque "la caja gallega se le podría atragantar al ser un bocado demasiado grande", según los analistas. Lo único cierto es que esta nueva vuelta de tuerca va a afectar a la obra social. Otro efecto colateral de la privatización.