El juez ve indicios de colaboración con ETA y reactiva el 'caso Faisán'

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de un delito de colaboración con organización terrorista, castigado con hasta 10 años de prisión, y otro de revelación de secretos, imputables a funcionarios policiales, por lo que ha abierto un sumario para continuar la investigación del denominado caso Faisán. Este trata de esclarecer el presunto chivatazo policial que recibieron en 2006 los implicados en la red de la extorsión conocida como impuesto revolucionario de ETA. El magistrado rechaza así la petición del fiscal de la Audiencia que instó el archivo del procedimiento por falta de autor conocido, tras considerar que la investigación estaba agotada.

El asunto del chivatazo tiene su origen en 2006, cuando ETA había anunciado una tregua y trataba de negociar con el Gobierno el fin de la violencia. El 4 de mayo de ese año estaba prevista la fase de detenciones de la denominada Operación Urogallo, que iba a desarticular el aparato de extorsión de la banda, conocido como impuesto revolucionario. Sin embargo, una persona, supuestamente policía y conocedora de los detalles de la operación, entregó un teléfono móvil a Joseba Elosua, propietario del bar Faisán de Behobia y uno de los investigados; desde ese teléfono se le advirtió de la inminencia de su detención y de la del etarra jefe de la red José Antonio Cau Aldanur, que se encontraba en Francia y que, en principio, tenía intención de encontrarse con Elosua en Irún para recibir el dinero de uno de los cobros a empresarios vascos. Cau, sin embargo, no pasó a España y la juez Levert abortó la operación en Francia.

En el sumario permanecen imputados tres mandos policiales

En este caso están imputados el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Vitoria José María Ballesteros. Aunque ni Elosua ha identificado a nadie ni hay ninguna prueba sobre el asunto, las sospechas apuntan a que Ballesteros habría entregado el móvil a Elosua y que Pamiés le habría avisado de las detenciones con el conocimiento del director de la policía. A pesar del chivatazo, la red fue desarticulada y sus miembros detenidos.

En el auto notificado ayer, el juez Ruz precisa que "de forma indiciaria concurren elementos suficientes para estimar factible y racional la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista". Y agrega que la tesis contraria llevaría no solo a mantener el procedimiento abreviado -ya que la revelación de secretos no está penada con más de nueve años de prisión- sino a reconsiderar la competencia de la Audiencia Nacional, ya que ese delito no es uno de los previstos en el artículo 65 de la ley Orgánica del Poder Judicial como perseguibles en ese órgano judicial.

La resolución del magistrado señalaba: "Según permite concluir lo hasta ahora actuado en la causa, nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención [...] de determinadas personas que estaban siendo investigadas [...] sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del determinado impuesto revolucionario, destinado a la financiación de actividades delictivas de la banda. En concreto, mediante la delación policial efectuada sobre el investigado Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán [...], se trataba de evitar [...] la inminente detención [...] del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur".

El juez ha ordenado una serie de diligencias para reactivar el caso, que en su inmensa mayoría son reiteraciones de pericias o declaraciones que en su momento dieron resultados negativos o equívocos. Ruz cita como testigos a dos policías y a un periodista. Además, insta a dos de los agentes imputados a que revelen la identidad del "presunto confidente" de ETA con el que se iban a entrevistar en Francia el día del chivatazo.

También reclama nuevos informes periciales sobre los cortes en la cinta VHS que supuestamente debería contener la imagen del individuo que entrega el teléfono móvil a Joseba Elosua, así como sobre todos los policías que custodiaron la cinta.