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Las cuentas de Errexal reflejan pagos del PNV y la Diputación alavesa

La lista incluye a la empresa que creó De Miguel para comprar la sede del ABB

Todas las empresas investigadas en la trama de presunta corrupción que desbrozan el juzgado número 4 de Vitoria y la comisión parlamentaria constituida al efecto parecen haber mantenido alguna relación entre sí. Al menos, sí han tenido todas un punto de encuentro con las de Iñaki San Juan, ex concejal del PNV en Leioa (Vizcaya), a quien el Departamento de Cultura que dirigía Miren Azkarate adjudicó diversos contratos que ahora están siendo investigados. A su vez, varias de las entidades que hicieron pagos a Errexal mantienen una relación directa o indirecta con Alfredo de Miguel.

San Juan es administrador tanto de Ortzi Muga como de Errexal y es con esta última con la que se observa esa relación de todas las demás. Y no solo de las empresas bajo sospecha: también el propio PNV (por 46.000 euros), o la empresa Landaburu Etxea -a través de la que este partido compró, con Alfredo De Miguel al frente, un edificio entero en plena plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, que es su nueva sede- contrataron a la firma de San Juan.

Cuadrillas y municipios alaveses, entre los clientes de Iñaki San Juan
Las cuentas reflejan abonos de Kataia, Loizate (Miñano) y Sidepur(Zambrana)

Al menos, así lo revela el movimiento de cuentas de Errexal, al que ha tenido acceso este periódico. Esa compañía contrató o fue contratada en algún momento, y al menos entre los años 2005 y 2008, por todas las otras que han ido apareciendo en el curso de la investigación sobre una supuesta trama de corrupción. San Juan, que compareció finalmente después de no hacerlo en la primera convocatoria, reaccionó con especial acidez contra el modo empleado por el Parlamento para su citación inicial. De hecho, llegó incluso a recurrir al Ararteko, que, sin embargo, rechazó intervenir.

También la Diputación de Álava contrató a Errexal algún tipo de servicio. Lo empezó hacer nada más llegar el equipo de Xabier Agirre una vez desalojado el PP: ya en 2007 Errexal facturó a la Diputación casi 12.000 euros. Al año siguiente fueron cerca del doble: 22.487 euros. El PP ya se había interesado por estos contratos y en este sentido presentó una pregunta ante las Juntas Generales de Álava. El mismo partido, por medio de Carmelo Barrio, hizo lo propio en el Parlamento vasco. Desde la Cámara se le pidió más tiempo habida cuenta de la amplia información que debía ser analizada para ofrecer la respuesta requerida.

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En la relación de firmas sobresale también Landaburu Etxea, que contrató a Errexal en 2007, y que debió realizar alguna gestión o servicio para ella por los que facturó casi 6.000 euros. Curiosamente Ortzi Muga, una de las empresas de Iñaki San Juan que también es objeto de investigación por varios de sus contratos, coincidió con Landaburu Etxea en domiciliar su sede social en el grupo Betean, cuyo socio de referencia es Aitor Alzola, representante del PNV alavés en el EBB.

Errexal, a su vez, obtuvo además contratos de diversas cuadrillas alavesas, alguno de los cuales el PP denunció ya en su día, y también de ayuntamientos peneuvistas, como los de Lanciego, donde tienen casa De Miguel, y algún otro investigado en el caso, Llodio u Oyón. En el caso de Llodio, San Juan comparte relación societaria con la concejala del PNV Leire Orueta, así como de su marido también afiliado jeltzale, en la compra de unos terrenos en Frúniz (Vizcaya), junto a otros socios de Kataia Consulting.

En realidad, fueron esos los primeros contratos de San Juan, con los que arranca Errexal su actividad en 2005. Parece que fueron la base de su despegue, junto con Kataia Consulting, la empresa de las esposas de De Miguel, Tellería y Koldo Otxandiano, que, según declaró la de este último, Iratxe Gaztelu-Urrutia, era "cosa de los maridos" y administraba la mujer del primero, Ainhoa Bilbao. Bilbao se negó a declarar el viernes en la comisión parlamentaria.

Ese mismo año San Juan ingresó también algo más de 10.000 euros, procedentes de la empresa Construcciones Loizate, cuyo titular, Jon Etxaburu, también está imputado. Otra compañía de este, Urbanorma, fue la encargada de gestionar la compra de terrenos para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. Tras salir de esta sociedad, su ex socia en ella, Ainhoa Alberdi, fue la que denunció en el juzgado que De Miguel y otro imputado central, el dirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, le exigieron el pago de comisiones. Con Construcciones Loizate, como con Kataia, la relación fue de ida y vuelta, ya que la firma de Etxaburu le cobró a su vez a Errexal 20.880 euros por los servicios que le habría prestado.

La última de las empresas que aparecen en las distintas ramificaciones de la investigación es Sidepur. Errexal abonó 12.760 euros en 2005 a esta empresa, a la que representaba Josu Arruti. A Sidepur le adjudicó a dedo la gestión de la operación urbanística proyectada en Zambrana la entonces alcaldesa de esa localidad, Justi Angulo (PNV). Angulo declaró que fue De Miguel quien le recomendó hacerlo.

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