Bruselas negocia una nueva PAC

Los ministros de Agricultura comunitarios han iniciado los debates para analizar la propuesta de la Comisión para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2014. En conjunto, se trata de una propuesta muy abierta que va a necesitar duras negociaciones para llegar a un acuerdo. En el caso España recibe unos 7.400 millones de euros al año, de los que casi 5.000 millones de euros son pagos directos, 1.200 millones fondos para apoyar los mercados y 1.200 millones como recursos para el desarrollo rural.

La propuesta tiene de positivo que supone una apuesta por el mantenimiento de la PAC. Se reconoce a la misma como un instrumento indispensable de cohesión entre los países miembros; por su papel para garantizar el suministro de alimentos en volumen, calidad y seguridad alimentaria frente a la volatilidad de los mercados; por su peso en la gestión sostenible de los recursos naturales y por su papel para mantener un equilibrio territorial y la diversidad en las zonas rurales.

La Comisión urge a eliminar la actual forma de pago por derechos históricos

Propone una ayuda uniforme por hectárea y sólo para "activos" agrarios

Mantener la PAC es igualmente posivo como instrumento para mejorar las rentas a través de medidas para la regulación de los mercados. Bruselas propugna una mayor transparencia de la cadena alimentaria para evitar que siga cayendo la parte que percibe el productor sobre el precio pagado por los consumidores.

En la parte negativa de la propuesta cabe destacar, en primer lugar, su indefinición sobre los recursos financieros. La PAC ha ido perdiendo peso en el conjunto de presupuesto comunitario hasta suponer en la actualidad poco más del 40% de los fondos con un montante de 55.000 millones de euros, de los que 43.500 son pagos directos.

El punto más negativo de la propuesta se puede hallar en la decisión comunitaria de proceder a una redistribución de los recursos entre países y beneficiarios.

En la actualidad, una docena de países no llegan a percibir el 10% de todos los gastos agrarios. Por el contrario, Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido ingresan más del 70%. La actual distribución de los pagos se hace especialmente en función de unos derechos históricos, en función de unos rendimientos en el pasado o por el volumen anterior de las cabañas ganaderas en vacuno, ovino y caprino.

La propuesta de reforma plantea eliminar de forma progresiva, desde 2014, el actual sistema de pagos por derechos históricos por otro uniforme para el conjunto de los países, tanto para la actividad agrícola como para las cabañas ganaderas. Esta ayuda se complementaría en cada caso, en función de su ubicación o papel en el mantenimiento del medio ambiente, aunque parece probable que se tengan en cuenta otros baremos, como rendimientos, para no romper radicalmente con la situación actual.

Esta medida supondría un cambio en el actual reparto del volumen de apoyos. Sin embargo, si se aplicara una ayuda por hectárea, por Superficie Agraria Útil (SAU), países como España podrían globalmente aumentar el volumen de fondos al disponer de una SAU de 25 millones de hectáreas. Hay miles de hectáreas, por ejemplo, en viñedo, o las frutas y hortalizas, que hoy no perciben ningún pago.

En la nueva redistribución de los fondos se contempla finalmente establecer un techo máximo por petición, así como una ayuda mínima por solicitud. Los fondos recibidos por España suponen en la actualidad una ayuda media por superficie agraria elegible de 246 euros, una cifra cercana a la media comunitaria de 270 euros, pero lejos de los 461 de Bélgica, de los 300 de Francia o de los 30 de Rumanía o Letonia en la parte baja.

Finalmente, la propuesta de la reforma contempla un gran interrogante: definir quién es el beneficiario de las ayudas. El documento de la Comisión señala que las ayudas deben ser para los "activos" agrarios.

Actualmente no hay una definición sobre quién es un "activo" agrario, y parece difícil dar con una definición global ante la existencia de diferentes tipos de agricultura en cada país, y en el caso español, incluso entre comunidades autónomas. La definición de profesional de la agricultura no se puede equiparar con un "activo". En España hay solamente unos 300.000 agricultores dedicados prioritariamente a esta actividad, mientras que son más de 900.000 quienes perciben las ayudas. De los actuales perceptores de ayudas, casi el 40% superan los 65 años. Administración y sector negocian la redacción de una definición sobre lo que sería un "activo" a efectos de recibir las ayudas. De entrada, se barajaría excluir a las empresas que tienen superficies agrícolas, pero que se dedican prioritariamente a otra actividad. No se cuestionará la posibilidad de que un jubilado perciba la ayuda, ni retirar la misma a un terrateniente que no cultive directamente, para quien ya se fijarán techos de ayudas. Lo que parece claro es que se eliminarán pagos, probablemente hasta los 300 euros, que es el coste medio de la tramitación de un expediente.

Se espera no se abra un debate sobre los derechos de pago por comunidades autónomas. -