Las comunidades con más déficit podrán endeudarse a corto plazo

Cataluña tendrá que presentar su ajuste antes de febrero

Las comunidades autónomas que han gastado muy por encima de sus recursos disponen de una vía de escape para aliviar su situación. La prohibición de endeudarse que les ha impuesto el Ejecutivo -y que ellas mismas aceptaron antes de que trascendieran sus desequilibrios- tiene una excepción: el endeudamiento a corto plazo. Las comunidades díscolas (de momento, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia) podrán seguir pidiendo dinero prestado a menos de un año siempre que no recurran a capital extranjero. Esos requisitos reducen el potencial de esa opción como paliativo a los apuros financieros que atraviesan.

El problema de esa herramienta, reconocida en la ley de financiación autonómica, reside en que ofrece poco margen, pues los vencimientos de la deuda llegan enseguida, antes probablemente de que la comunidad haya podido hacerse con recursos adicionales para afrontarlos. Además, la deuda a corto plazo (por ejemplo, una emisión a tres o seis meses) resulta menos atractiva para el inversor porque los intereses abonados son inferiores.

Hacienda ofrecerá alguna salida a las que incumplieron en 2010

Tampoco esta posibilidad es ilimitada. Las comunidades pueden seguir empleándola siempre que cumplan con las condiciones de Hacienda: presentar un plan de reequilibrio financiero que dé garantías de que los números rojos no se eternizarán. El último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno y a las comunidades, acordó a finales de noviembre dar un mes a las incumplidoras (con datos hasta septiembre, Castilla-La Mancha y Murcia) y a las que presentaban indicios de desviarse (Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León) para remitir sus planes de saneamiento.

A este primer grupo de incumplidoras se unió en diciembre Cataluña, al proclamar ante los focos que había superado con creces el déficit autorizado para 2010 (3,6% frente al 2,4%). Con ese anuncio anterior a la divulgación de los datos, Cataluña se colocó en el primer grupo y se vio obligada, como las demás, a presentar un plan. Por el cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas, Hacienda aceptó concederle un mes más, que culmina el 31 de enero.

A partir de esa fecha, la comunidad no podrá endeudarse ni siquiera a corto plazo, aunque lo más probable es que la Generalitat acate la fecha límite o se retrase levemente en la presentación del plan. La consecuencia sería que hasta que no enviase el documento, Cataluña tendría absolutamente vetada cualquier posibilidad de endeudamiento.

La sorpresa que supuso el elevado nivel de incumplimiento de los objetivos en Cataluña siembra dudas sobre el resultado del resto a 31 de diciembre. Alguna comunidad más se sumará al grupo de las que han ido más allá del 2,4% en los desequilibrios fiscales. Al dejar de ser una situación aislada, el déficit excesivo amenaza con dejar atrás la estricta meta del 2,4% marcada para el conjunto de comunidades. Sin querer aclarar si ese límite se ha sobrepasado, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, se ha mostrado esta semana confiado en que el objetivo global del 9,3% en todas las administraciones públicas se logre (es decir, que la central compense posibles desviaciones autonómicas). Está previsto que el primer avance de esas cifras se conozca la próxima semana.

Más allá de la dureza en el discurso que ha empleado el Gobierno ante los incumplimientos fiscales, Hacienda tendrá que ofrecer alguna salida a las comunidades que han incurrido en más gastos de los que podían afrontar. Lo más probable es que el ministerio relaje algo la estricta prohibición de endeudarse, aunque dependerá de la credibilidad que despierten los planes de saneamiento presentandos. El Ejecutivo examina ahora con lupa los remitidos por Murcia y Castilla-La Mancha (este último, la semana pasada) y espera el catalán en unos días.

Sobre la firma

Lucía Abellán

La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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