El deterioro autonómico

Fue José María Aznar el que en Valladolid, hace una semana, dijo que el actual estado de las autonomías "es inviable". Llegó, luego, el pleno del Senado en el que se utilizaron, indistintamente, el castellano, el gallego, el euskera y el catalán o valenciano y que provocó sarpullidos en el nacionalismo españolista. "Esto, en un país normal, no se produce", sentenció Mariano Rajoy. "Hay formas mejores de gastarse el dinero", apuntaló la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría. Y aquí, en casa, fue el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, el que remató: "Hay temas más importantes, hay que priorizar cuestiones". Qué entiende Rajoy por "un país normal" es un acertijo envuelto dentro de un misterio en un enigma. Pero algunas pistas puede dar el comportamiento histórico de su partido en lo que al Estado de las Autonomías se refiere. Fue Alianza Popular la que se opuso al título VIII de la Constitución hasta el punto de no votar favor de la misma y fue Mariano Rajoy el que, no hace mucho, propuso recuperar para el Estado competencias cedidas a las autonomías. La voluntad política del PP de recortar el poder periférico existe desde que se redactó la Constitución.

Los cambios sociales experimentados desde que se redactó la Constitución, la misma democracia, hacen que muchos de los valores que hicieron posible la transición y que se consideraban poco menos que intocables sean objeto de revisión. El debate surgido en torno al Estatuto de Cataluña ha sido la excusa perfecta para que el nacionalismo españolista vuelva poner sobre la mesa la revisión del modelo de estado. La crisis económica y el comportamiento irresponsable de algunos gobiernos autonómicos, despilfarrando dinero y utilizando los impuestos cedidos para hacer demagogia y después no pagar a los proveedores han deteriorado la imagen del Estado de las autonomías mucho más que las teorías políticas más conservadoras. Esta es la paradoja de la derecha valenciana. Su política de gasto sin tasa, bajada de impuestos y discursos trufados de conceptos propios de un nacionalismo paleto ha hecho que la sociedad se identificara con su proyecto; pero los elementos con que ha construido esa imagen identitaria son los que van minando la credibilidad del modelo. El mensaje que queda es tan falso como preocupante: El Estado de las autonomías es el culpable de la crisis, ergo "es inviable".

El deterioro de las instituciones de autogobierno valencianas es un hecho que admite pocas discusiones. El abuso partidista que hace el PP del Consell y de las Cortes Valencianas no contribuye en nada a mejorar la imagen del modelo autonómico ante los ciudadanos. Las constantes dejaciones de responsabilidad (todo lo malo que ocurre en la Comunidad Valenciana es culpa de Madrid) no hacen sino depreciar el valor de la autonomía. Las continuas revisiones que se pretenden del Estatut se pregonan ante la indiferencia de los ciudadanos, que empiezan a sentir que el gobierno valenciano más que una solución es un problema. Y el responsable de esa situación no es Zapatero, por más que así lo manifieste el presidente Camps para escapar, una vez más, de sus obligaciones. Joan Lerma, en una conferencia pronunciada en un foro socialista, reclamó hace unos meses un rearme moral de las instituciones para reforzar su capacidad negociadora y una voluntad de repartir las cargas equitativamente. ¿Lo harán quienes creen que el actual Estado de las autonomías es inviable? Difícilmente.