Castedo desprotegió unos terrenos que los dueños se negaron a vender

Propietarios de terrenos en el extrarradio de Alicante denuncian que el Ayuntamiento, presidido por la popular Sonia Castedo, varió la calificación de su suelo de protegido a rústico tras negarse a vender a un particular. Este tipo de operaciones especulativas (acaparar suelo protegido para transferir luego la edificación a zonas urbanizables de la ciudad) centra una de las líneas de investigación de la pieza separada del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del consistorio al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El comprador que aspiraba a hacerse con el terreno de esos propietarios fue, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, José Fermín Doménech Martínez, gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) entre 2003 y 2006. Las operaciones que el sumario del caso Brugal indaga en ese terreno están relacionadas con compras de suelo en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el paraje protegido de Agua Amarga, en las que están implicados el promotor Ortiz y directivos de Bancaja y la CAM.

No obstante, esa pieza del sumario permanece aún bajo secreto sumarial, y sólo han trascendido, por error del juzgado, las diligencias relativas a las operaciones supuestamente orquestadas por Ortiz.

Los denunciantes (cinco propietarios) poseen unos 700.000 metros cuadrados de suelo rústico, en la partida de Bacarot, en las inmediaciones del polígono de las Atalayas y Pla de La Vallonga. En el primer avance para la revisión del PGOU de Alicante esa área se calificó como paraje natural.

Los propietarios aseguran que en el verano de 2008 representantes de la firma Mallaeta Urbana se dirigieron a ellos para comprarles el suelo. Tras varias reuniones, uno de los dueños accedió a vender su parte. El precio de compra pactado era de 11 euros por metro cuadrado, el contrato de compra-venta también estipulaba una entrega del monto global de la operación del 10% a la firma de la escritura.

Los representantes de Mallaeta Urbana presentaron un primer contrato de compraventa a ese propietario para firmar el 6 de noviembre de 2008. El comprador era José Fermín Doménech Martínez, en nombre de la mercantil Spencer Asesorament, SLU. Una semana más tarde, en concreto el 14 de ese mismo mes, presentaron otro contrato, en el que el comprador seguía siendo el ex gerente del IVVSA, pero en este caso en nombre de la empresa Mediterranean Patrimonio de Levante, S L. Esta empresa y la primera tienen su domicilio social en la misma dirección de Massanassa (Valencia).La operación de compra no prosperó, porque el propietario exigió elevar del 10% al 20% la entrega a la firma del contrato. Al mes de frustrarse esa operación, el Ayuntamiento eliminó de PGOU esa zona como parque natural, que volvió a ser suelo rústico. En contrapartida, otorgó dicha calificación a otra área contigua, el paraje de la sierra de Fontcalent.

Los propietarios de las Atalayas presentaron una alegación en mayo de 2005 exigiendo una explicación por el cambio de calificación de suelo. El Consistorio no les contestó. Sí respondió, en cambio, a las alegaciones del grupo municipal socialista tras la aprobación provisional del PGOU. El PSPV preguntó por los cambios operados y por las discrepancias entre los planos y la memoria del planeamiento en casos como el parque natural de Fontcalent y el equipo de gobierno contestó en junio de 2009: "Las alegaciones de Fontcalent, y la reducción del suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada con respecto al documento inicialmente expuesto al público provocaron que se excluyeran los suelos de protección de Atalayas y los de Pla de la Vallonga, además parte de estos suelos ya son de propiedad pública, hecho que garantiza aún más su protección y la innecesariedad de ser obtenidos".

La lista de parques naturales del futuro PGOU de Alicante ha variado desde 2008. La memoria justificativa del planeamiento aprobado inicialmente en octubre de 2008 preveía 12 parques naturales, entre ellos La Vallonga y Las Atalayas. En abril de 2009, sin embargo, se borraron de la lista los dos parques citados y se dejó en 10 las zonas protegidas. En ninguno de los dos documentos aparecía la consideración de parque natural para Fontcalent, que se incluyó en el texto aprobado en mayo de 2010.

El ex gerente, que impulsó desde el IVVSA el llamado Manhattan de Cullera, antes fue asesor y secretario de la agrupación de interés urbanístico de los propietarios del suelo afectado por el plan en la localidad de la Ribera Baixa. Según fuentes socialistas, Doménech trabajó para la agrupación de propietarios de La Vega entre 1998 y 2000. Tres años después, este abogado fue nombrado responsable del IVVSA por el ex consejero de Territorio, Rafael Blasco. A finales de 2003, el Ayuntamiento de Cullera, del PP, firmó un acuerdo con el IVVSA para planificar y redactar ese plan (35 rascacielos junto al mar).